Machij Elkarkri*
Desde su independencia en el 1956, Marruecos optó por un sistema político basado en el pluralismo político y en una monarquía constitucional en la que el Rey gobierna junto al pueblo a través de instituciones representativas elegidas mediante elecciones legislativas, regionales y locales.
Este recorrido no ha estado exento de dificultades. El país vivió momentos complejos, como el estado de excepción de 1965 o los intentos de golpe de Estado de 1971 y 1972. Sin embargo, el camino elegido nunca cambió: construir una democracia en la que la participación ciudadana sea el eje central del desarrollo político e institucional.
Con la llegada de Su Majestad el Rey Mohammed VI al Trono, en 1999, ese proceso adquirió un nuevo impulso. Uno de los hitos más importantes fue la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación, una experiencia pionera en el mundo árabe, que permitió abordar los expedientes de los llamados (años de plomo), reconocer la memoria colectiva, reparar a las víctimas y avanzar hacia una reconciliación nacional basada en la verdad y la justicia.
A lo largo de estos 27 años, Su Majestad ha impulsado importantes reformas para consolidar el Estado de derecho y fortalecer la democracia. Ha insistido en la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza, ha llamado a los ciudadanos a elegir con responsabilidad a sus representantes y ha situado la construcción del Estado social como una prioridad nacional.
Construir una democracia nunca es un camino fácil. Someter las instituciones nacionales a los estándares internacionales constituye un verdadero ejercicio de transparencia, responsabilidad y valentía.
Consciente de ello, Marruecos mantiene un proceso continuo de reformas para mejorar la calidad de su sistema democrático.
Entre los avances más destacados figuran el derecho irrevocable de todos los ciudadanos a votar y presentarse como candidatos, el pluralismo político garantizado por la Constitución, la celebración periódica de elecciones, el fortalecimiento del marco jurídico electoral, la independencia del poder judicial y la autonomía del Ministerio Público respecto del poder ejecutivo.
Asimismo, la protección y promoción de los derechos humanos ha adquirido un rango constitucional, reforzando el papel del Consejo Nacional de Derechos Humanos. En los últimos años también se aprecia un mayor esfuerzo de transparencia por parte de las instituciones públicas, mediante comunicados, jornadas de puertas abiertas y una comunicación más directa con la ciudadanía.
La Constitución garantiza igualmente la libertad de creación de partidos políticos y asociaciones, así como las libertades de reunión y manifestación.
Es cierto que el debate sobre el alcance efectivo de estos derechos continúa abierto, como ocurre en cualquier democracia. Sin embargo, también es evidente que existe una voluntad constante de mejorar la calidad de la vida democrática.
Ese compromiso se refleja igualmente en procesos legales como la ley de protección de los datos personales, en la democratización del acceso a la información y en el impulso de la transformación digital como instrumento para democratizar este derecho.
Alcanzar una democracia plenamente conforme con los más altos estándares internacionales es un desafío permanente para cualquier país. Marruecos no es una excepción. Pero la voluntad reformista de Su Majestad el Rey Mohammed VI ha sido constante y el proceso de modernización democrática iniciado hace 27 años continúa avanzando con una dirección clara y sin marcha atrás.
La democracia no es un punto de llegada, sino un camino de mejora continua. Y Marruecos ha elegido recorrerlo con estabilidad, reformas e instituciones cada vez más sólidas.
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(*) Analista político
