La presidenta de la Unión Marroquí de Asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad mental (UNAHM), Nadia Atia, llamó, este viernes en Ginebra, durante la 61.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), a integrar de manera vinculante las normas de accesibilidad y el derecho a una vida independiente de las personas con discapacidad en las políticas de inversión pública y los planes de recuperación económica.
En su intervención en el debate anual dedicado a los derechos de las personas con discapacidad, organizado bajo el lema «Fortalecer la cultura de paz mediante la aplicación efectiva de los derechos humanos», Atia subrayó que la accesibilidad del transporte y la vivienda no es solo una cuestión técnica, sino que constituye una obligación jurídica directa derivada de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en particular de sus artículos dedicados a la accesibilidad, la vida independiente y la movilidad personal.
La oradora, que intervino en nombre de la ONG Promoción de Desarrollo Económico y Social (PDES), advirtió que la falta de servicios de transporte adaptados y de garantías en materia de ajustes razonables en la vivienda contribuyen, de hecho, a reproducir indirectamente situaciones de institucionalización, que comprometen, así, el ejercicio del derecho a la autonomía y a la plena participación en la vida económica y social, en particular en lo que respecta al acceso al empleo, la educación y la vida pública, especialmente en las zonas rurales y los contextos informales.
Basándose en el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentado en esta sesión, la presidenta de la UNAHM destacó tres prioridades interrelacionadas para reforzar la inclusión efectiva.
En primer lugar, se trata de pasar de iniciativas puntuales a un enfoque global basado en el diseño universal y una planificación integrada de las inversiones, acompañado de presupuestos específicos e indicadores de rendimiento para medir la aplicación de los derechos.
Se trata, asimismo, de garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de vivir de forma independiente, asegurándoles la libre elección de su lugar de residencia y de su modalidad de alojamiento, sin que se vean obligadas a vivir en entornos institucionales cerrados o segregados.
Por último, llamó a establecer una gobernanza verdaderamente participativa que garantizara la implicación de las organizaciones de personas con discapacidad en todas las etapas de la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas públicas, de conformidad con el principio internacional «Nada sobre nosotros sin nosotros».
