La activista saharaui de derechos humanos Aicha Duihi expresó, el martes durante la 61.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, su profunda preocupación por la situación de los Derechos Humanos en los campamentos de los secuestrados saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), donde miles de personas viven en condiciones humanitarias y jurídicas frágiles.
Interviniendo en nombre de la ONG «Promoción del Desarrollo Económico y Social» (PDES), en el marco del punto 4 del orden del día del debate general del CDH, Duihi señaló en particular la fragilidad jurídica, la ausencia de mecanismos independientes de supervisión y «dificultades socioeconómicas» que afectan la vida cotidiana de las poblaciones en los campamentos.
La ONG destacó tres principales preocupaciones: «la ausencia de una protección jurídica internacional completa» para numerosos residentes que no disponen de documentos reconocidos; «la debilidad de los mecanismos de control y de rendición de cuentas» debido a la falta de seguimiento independiente y regular; así como «las persistentes carencias en el marco jurídico y reglamentario» relacionadas con el registro de la población y la expedición de documentos legales, lo que agrava la vulnerabilidad de las poblaciones.
«Estas condiciones no constituyen simplemente un desafío humanitario temporal, representan una verdadera prueba del compromiso de la comunidad internacional con la protección de los Derechos Humanos y el respeto de la dignidad de los refugiados», subrayó Duihi.
A la luz de esta situación, la ONG formuló varias recomendaciones, entre ellas el refuerzo de los mecanismos independientes de seguimiento, la intensificación de la cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las agencias competentes de la ONU para mejorar la documentación jurídica, así como una mayor movilización de los actores internacionales para apoyar esfuerzos humanitarios sostenibles que garanticen la protección de los derechos y la dignidad de las poblaciones, incluida la posibilidad de un retorno voluntario, seguro y digno.
Duihi advirtió que la persistencia de la situación actual podría agravar aún más la fragilidad de las condiciones humanitarias y llamó al CDH y a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para reforzar la protección jurídica y humanitaria de las personas que viven en los campamentos.
