Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal dedicada al envío ilegal de residuos peligrosos desde la isla española de Tenerife hacia varios países africanos, en un caso que vuelve a poner el foco sobre el continente como destino de prácticas ilícitas vinculadas al tráfico internacional de desechos.
Las autoridades españolas han detenido a 32 personas e investigan a cuatro sociedades con sede en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras comprobar que la organización había trasladado por vía marítima cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos, además de otras 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor estimado de unos 800.000 euros.
Según la investigación, la red utilizaba contenedores que salían desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a distintos países africanos, ocultando la naturaleza real de la mercancía mediante facturas falsas que simulaban que los productos habían sido descontaminados o que se trataba de bienes de segunda mano.
Entre los materiales enviados se encontraban residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente motores y compresores extraídos de frigoríficos sin el tratamiento adecuado, lo que implica la liberación de gases nocivos para la salud humana y el medio ambiente. También se detectaron piezas de automóviles sin descontaminar, unas 38 toneladas de extintores y vehículos usados exportados con documentación falsificada.
La organización estaba estructurada en torno a cinco individuos clave: dos de ellos gestionaban la logística y la documentación desde Gran Canaria, mientras que otros tres, desde Tenerife, se encargaban del envío directo de los residuos y de obtener la documentación necesaria, tanto legal como falsificada. Para dar apariencia de legalidad, el entramado utilizaba empresas que emitían facturas a nombre de terceros, en algunos casos sin conocimiento de su implicación.
El caso pone de relieve la persistencia del tráfico ilícito de residuos hacia África, una práctica que genera graves riesgos ambientales y sanitarios en los países receptores y que está bajo vigilancia internacional en el marco del Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
