Un informe policial español, cuyos detalles publicó ayer martes el diario El Español, ha generado una fuerte polémica en España tras atribuir a Marruecos la planificación de la entrada de cerca de 72.000 personas en la ciudad de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Se trata de acusaciones graves para las que el artículo publicado no aporta pruebas materiales concluyentes, sino que se basa principalmente en una interpretación policial de imágenes, la secuencia de los acontecimientos y los movimientos de determinadas personas durante la crisis.
La publicación del informe se produce en un momento político especialmente delicado, después de que la crisis migratoria de Ceuta haya derivado en una crisis humanitaria y política dentro de España. En este contexto, su contenido amenaza con echar todavía más leña al fuego del enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición de derechas, más que constituir, a tenor de lo publicado, un documento que aporte pruebas concluyentes sobre una supuesta implicación de las autoridades marroquíes en los acontecimientos.
Según El Español, el informe fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional española, y fue remitido, sin conocimiento del Ministerio del Interior ni del Gobierno, a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, quien había solicitado el 31 de julio sendos informes a la Policía y a la Guardia Civil para determinar si existían indicios de un delito contra la independencia del Estado español.
Por su parte, el director general de la Policía española, Francisco Pardo Piqueras, ha asegurado hoy miércoles que el polémico informe policial no atribuye a Marruecos ni a sus fuerzas de seguridad la responsabilidad de haber planificado o ejecutado aquellos acontecimientos.
Graves acusaciones basadas en la interpretación de imágenes
El informe sostiene, según la versión publicada por el diario español, que lo sucedido en Ceuta no fue un flujo espontáneo provocado únicamente por llamamientos difundidos en las redes sociales o por los movimientos de las redes de inmigración irregular, sino una «operación planificada» destinada a saturar el sistema español de vigilancia fronteriza y debilitar su capacidad de respuesta.
El documento va más allá al atribuir a miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes la orientación de personas hacia determinadas zonas para acceder a Ceuta, y habla de agentes uniformados y de otras personas vestidas de civil que, según la interpretación de sus autores, seguían sobre el terreno el desarrollo de los acontecimientos.
Sin embargo, el artículo publicado no revela documentos, órdenes, comunicaciones, grabaciones o testimonios que demuestren la existencia de instrucciones oficiales marroquíes para organizar la operación. Se apoya fundamentalmente en imágenes y escenas de los acontecimientos interpretadas como prueba de una supuesta «orientación activa» desde el lado marroquí.
La referencia a personas vestidas de civil que, según el informe, daban instrucciones a miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes tampoco viene acompañada, en los datos publicados por el periódico, de información que permita identificar a esas personas, sus cargos o el organismo al que pertenecían. Tampoco se aporta ninguna prueba sobre la naturaleza de las supuestas instrucciones ni sobre su relación con el flujo de migrantes.
Diferentes «oleadas» para sustentar la hipótesis de una planificación
El informe del CENIF se basa también en las diferencias observadas en el perfil de las personas que llegaron a Ceuta durante las distintas horas de la crisis para reforzar su hipótesis.
Según el documento, la primera oleada, registrada antes de las 11:00 horas —hora española— del 30 de julio, estaba formada por jóvenes de entre 15 y 25 años, algunos de ellos equipados con trajes de neopreno, aletas y dispositivos de flotación, y en su mayoría eran marroquíes.
Entre las 11:00 y las 22:00 horas cambió el perfil de las personas que llegaban, con la presencia de familias, mujeres y niños, en su mayoría vestidos con ropa deportiva y sin equipamiento específico para nadar, además de migrantes procedentes de países del África subsahariana. Después de las 22:00 horas y durante el día siguiente, según el informe, volvió a observarse un patrón similar al de la primera oleada.
Los autores del informe interpretan esta secuencia como un indicio de un plan destinado, en una primera fase, a agotar las capacidades españolas de vigilancia en la zona del Tarajal antes de la llegada de los colectivos más vulnerables.
Sin embargo, esta conclusión sigue siendo, a tenor de los detalles revelados por El Español, una interpretación de inteligencia sobre la secuencia de los acontecimientos y no una prueba directa de la existencia de una decisión oficial marroquí de planificar y ejecutar la operación.
El informe también se apoya en el hecho de que alrededor del 90% de quienes entraron en Ceuta regresaran a Marruecos pocas horas después, considerando este dato como un elemento que respaldaría la hipótesis de que el objetivo no era la migración en sí misma. Sin embargo, este hecho tampoco constituye por sí solo una prueba de quién habría planificado los acontecimientos ni de cuáles habrían sido sus objetivos.
La crisis vinculada a Ceuta y Melilla
El informe también vincula lo sucedido con la posición marroquí respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla, apoyándose, según el periódico, en declaraciones marroquíes realizadas después de la crisis sobre el estatus de ambas ciudades.
Asimismo, describe lo ocurrido como una «operación ofensiva de contrainteligencia» y considera que una de sus consecuencias fue poner en duda la capacidad de los servicios de inteligencia españoles, especialmente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para anticiparse a los acontecimientos.
Al mismo tiempo, el informe señala que un nuevo intento previsto para el 15 de agosto fue controlado por la parte marroquí. Este dato plantea, a su vez, interrogantes sobre la hipótesis que atribuye a Rabat la responsabilidad de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, ante la ausencia de pruebas directas publicadas que demuestren que la diferencia en la actuación marroquí entre ambas fechas respondiera a una decisión de facilitar la primera entrada y frenar la segunda.
Un informe policial convertido en munición política
Más allá de su vertiente policial, la publicación del informe tiene una clara dimensión política. El Español, conocido por mantener una línea editorial muy crítica con Marruecos, lo presentó como un elemento que desmontaría la política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Rabat y proporcionaría una base para investigar lo ocurrido.
Este planteamiento va más allá de la mera reproducción del contenido del documento policial para adoptar una lectura política del mismo frente al Gobierno socialista, en un momento en el que la crisis de Ceuta se ha convertido ya en uno de los principales escenarios de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición.
El informe vuelve además a situar en primer plano la compleja relación entre el poder político y determinados sectores de los cuerpos de seguridad españoles. Diferentes episodios de los últimos años han mostrado profundas discrepancias entre las interpretaciones de algunos ámbitos policiales y las posiciones del Gobierno. En casos anteriores, la controversia llegó a alcanzar informes relacionados con personas del entorno del presidente del Gobierno que, según se señaló entonces, se habrían elaborado sin conocimiento previo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o del propio jefe del Ejecutivo.
Todo ello refuerza la percepción de una crisis de confianza política e institucional que trasciende al propio Marruecos y plantea interrogantes dentro de España sobre los límites del control político de los cuerpos de seguridad y sobre hasta qué punto sus actuaciones y valoraciones están alineadas con el poder ejecutivo.
En este contexto, el informe, en los términos en los que ha sido presentado por El Español, parece más bien una nueva bomba en el centro de la batalla política española. Formula una acusación de extrema gravedad contra Marruecos, pero el periódico no revela ninguna prueba directa y concluyente que la sustente. Al mismo tiempo, proporciona a la oposición de derechas nuevo material para atacar la política de Sánchez hacia Rabat y la gestión de su Gobierno de la crisis de Ceuta.
De este modo, las repercusiones políticas internas del informe podrían terminar siendo más graves para el Gobierno de Sánchez que sus consecuencias sobre las relaciones entre Marruecos y España, especialmente si sus acusaciones permanecen en el terreno de las conclusiones e interpretaciones policiales y no están respaldadas por pruebas judiciales y materiales verificables.
