Khadija Dakni
La Administración Trump ha abierto la puerta a designar oficialmente al Frente Polisario como organización terrorista extranjera (FTO), un paso sin precedentes que podría redefinir el escenario político y jurídico del conflicto del Sáhara marroquí.
Un reciente informe del Hudson Institute, publicado el 18 de abril de 2025, sostiene que el Polisario cumple los tres criterios legales exigidos por la legislación estadounidense para dicha clasificación, conforme a la sección 219 de la ley de inmigración y nacionalidad.
Esta amenaza se suma a una batería de presiones crecientes sobre Argelia, a quien Washington exige que retire su apoyo político, financiero y militar al movimiento independentista y contribuya a una solución basada en la propuesta de autonomía de Marruecos, según subraya un reciente análisis del Instituto Coordenadas bajo título de “Más cerca del final en el conflicto del Sáhara Occidental”.
La presión estadounidense se articula en dos direcciones: por un lado, el posible aislamiento diplomático y sanciones secundarias a entidades argelinas; por otro, una oferta de integración económica con Occidente que incluye inversiones millonarias en el sector energético argelino y el acceso a tecnología puntera para la exploración de hidrocarburos.
El dilema para Argelia es complejo. Abandonar al Polisario después de cinco décadas de respaldo activo se percibiría como una capitulación interna. Sin embargo, negarse a negociar podría generar consecuencias graves, tanto a nivel económico como geopolítico. La estrategia de Washington se basa precisamente en esa encrucijada: convertir la retirada del apoyo al Polisario en una opción más atractiva que su continuidad.
