Ecuador enfrenta una creciente crisis de inseguridad alimentaria que afecta a 2,6 millones de personas, cerca de una de cada seis en el país, según datos recogidos en el informe humanitario 2025-2026 respaldado por Naciones Unidas y la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC).
El informe advierte que millones de ecuatorianos se encuentran en situación de crisis o emergencia alimentaria, niveles en los que las familias se ven obligadas a reducir el consumo de alimentos, vender bienes esenciales o endeudarse para sobrevivir. En los casos más graves, la desnutrición y el riesgo para la vida comienzan a hacerse presentes.
La situación es consecuencia de una combinación de factores que se refuerzan mutuamente. Entre ellos destacan el aumento de la violencia y los desplazamientos internos, el encarecimiento de los alimentos, los efectos de fenómenos climáticos extremos como El Niño y las deficiencias en el acceso al agua potable y al saneamiento básico.
El informe señala que Ecuador registró en 2025 una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas del mundo, mientras que más de 316.000 personas fueron desplazadas entre 2022 y 2024. Muchas de ellas abandonaron sus hogares, cultivos y fuentes de ingresos, agravando su vulnerabilidad alimentaria.
Al mismo tiempo, el aumento sostenido de los precios ha reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres. En numerosos casos, las familias destinan más del 70 % de sus ingresos a la compra de alimentos sin lograr cubrir todas sus necesidades básicas.
Las lluvias e inundaciones asociadas a fenómenos climáticos extremos también han provocado importantes daños en cultivos e infraestructuras. Solo durante la temporada de lluvias de 2026, más de 100.000 personas se han visto afectadas en distintas regiones del país.
La crisis se concentra especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, donde coinciden elevados niveles de violencia, pobreza y vulnerabilidad rural.
Naciones Unidas considera que la respuesta debe combinar asistencia alimentaria de emergencia con medidas de largo plazo destinadas a fortalecer la agricultura local, ampliar la protección social, mejorar el acceso al agua potable y reducir la violencia. El organismo advierte que cada retraso en la respuesta aumenta el riesgo de que la crisis se agrave y dificulta la recuperación de las comunidades afectadas.
Además, el informe expresa preocupación por el impacto de factores adicionales sobre la producción agrícola, entre ellos la expansión de enfermedades que afectan al sector bananero, una actividad fundamental para la economía ecuatoriana y para los ingresos de miles de familias rurales.
