El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles en el Congreso la política migratoria de su Ejecutivo y desmontó con cifras las críticas de Vox y del Partido Popular. Según el jefe del Ejecutivo español, en la última década el 94% de los migrantes que residen en España llegaron por vías regulares y legales, frente a un 6% que lo hizo de forma irregular.
Durante 2025, explicó Sánchez, la llegada de migrantes irregulares a España se ha reducido un 30% en términos globales y un 50% en el caso de las Islas Canarias. “Lo que está haciendo este Gobierno es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y de promoción de la migración regular”, afirmó en la sesión de control parlamentario, según el comunicado oficial del Gobierno español.
El presidente vinculó además la migración con el reto demográfico que afronta el país, recordando que España perderá cuatro millones de personas en edad laboral en los próximos 25 años, lo que pondrá en riesgo el Estado del bienestar. En este sentido, defendió tanto las políticas de apoyo a la natalidad, como la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor, como la necesidad de una inmigración ordenada para sostener el modelo social.
Los datos oficiales publicados en 2024 respaldan estas afirmaciones. España cuenta con 7 millones de personas extranjeras con residencia en vigor, de las cuales 2,9 millones cotizan a la Seguridad Social, representando el 13,6% del total de afiliados y el 16% de los trabajadores autónomos. En apenas dos años, su peso en la afiliación ha aumentado en dos puntos, consolidando su papel en el sostenimiento del sistema.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que España “es un polo de atracción de inversiones y talento y de crecimiento económico”, defendiendo una política centrada en la integración y en combatir los discursos catastrofistas con información veraz. Según un informe reciente, la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera supone una pérdida de 17.000 millones de euros cada año para la economía española.
Diversos organismos nacionales e internacionales han coincidido en que España necesita incorporar entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros anualmente para garantizar el futuro de su Estado del bienestar. Unas cifras que, según el Ejecutivo, desmienten los mensajes de la ultraderecha y confirman que los migrantes son un motor esencial de prosperidad y cohesión social.
