El Tribunal Supremo español ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 2,5 millones de euros al ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi, después de que pasara 15 años en prisión y tres años en libertad condicional tras ser condenado por delitos de violación que no cometió.
La justicia española consideró que se produjo un error judicial al no valorarse una prueba biológica relevante que figuraba en el expediente y que demostraba que los resultados del análisis de ADN no coincidían con el acusado. La condena se basó entonces principalmente en la identificación realizada por una de las víctimas.
El Tribunal Supremo español ya había anulado en 2023 una de las condenas impuestas a Tommouhi en 1992, antes de decidir ahora que el Estado debe asumir la responsabilidad por los daños causados tras privarle de libertad durante todos esos años.
Esta resolución constituye una de las mayores indemnizaciones concedidas por error judicial en España y supone un reconocimiento oficial de la injusticia sufrida por el ciudadano marroquí, que actualmente tiene 75 años.
