Abdeltif Chahid*
Cincuenta años después de abandonar el Sáhara Occidental, España vuelve a legislar sobre las consecuencias jurídicas de su antigua administración colonial. Esta medida plantea un debate que trasciende la nacionalidad: ¿es una reparación histórica o una nueva herramienta política en el conflicto del Sáhara?
El Congreso de los Diputados de Espana ha dado un nuevo impulso a la iniciativa destinada a facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante el periodo de la administración española. La propuesta contempla a quienes nacieron en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y, además, permite que sus descendientes directos en primer grado puedan optar posteriormente a la nacionalidad.
En principio, la medida busca corregir una situación heredada de la descolonización. Sin embargo, su impacto político lleva a una pregunta clave: ¿qué busca España al retomar, cincuenta años después, un tema tan ligado a su pasado colonial en el Sáhara?
La propia documentación parlamentaria sitúa el origen de la relación jurídica en el periodo en que el territorio fue administrado por España. Según la exposición de motivos de la proposición de ley, el Sáhara Occidental fue considerado provincia española desde 1958 y sus habitantes dispusieron de documentación española, representación institucional, acceso a universidades y a la función pública, además de vínculos lingüísticos y culturales que, según el texto, perduran hasta hoy.
Sin embargo, existe un elemento histórico que vuelve especialmente delicada la nueva iniciativa: la propia España declaró oficialmente el fin de su presencia en el territorio el 26 de febrero de 1976. Así lo recuerda la documentación parlamentaria, que consigna que el representante permanente español ante las Naciones Unidas comunicó entonces el fin de la presencia española y de sus responsabilidades administrativas en el Sáhara.
Aquí aparece una de las principales paradojas. Si España terminó oficialmente su administración en febrero de 1976, ¿por qué la nueva ley toma como referencia el 29 de septiembre de 1977?
La fecha que vuelve a abrir el debate
La explicación está en una norma que España aprobó pocos meses después de abandonar el territorio.
El Real Decreto de 10 de agosto de 1976 reconoció a determinados naturales del Sáhara la posibilidad de optar por la nacionalidad española. El mecanismo estaba reservado a quienes reunieran determinadas condiciones documentales y establecía un plazo máximo de un año para ejercer ese derecho.
El texto original del decreto es particularmente revelador. España afirmaba haber puesto «término definitivo» a su presencia en el territorio el 26 de febrero de 1976 y, al mismo tiempo, consideraba justo conceder a determinadas personas procedentes del Sáhara la facultad de optar por la nacionalidad española. El plazo establecido era de un año desde la entrada en vigor del decreto.
Una vez transcurrido ese plazo, los pasaportes y documentos de identificación españoles de quienes no hubieran ejercido el derecho de opción quedarían anulados.
Por eso, la fecha del 29 de septiembre de 1977 no es casualidad en la nueva propuesta. Está relacionada con el vencimiento del plazo establecido en la norma de 1976.
Sin embargo, el tema sigue vigente: España ahora reconoce efectos legales a una situación que trasciende la fecha en que terminó su presencia administrativa en el territorio.
¿Reparación histórica o instrumento político?
La iniciativa puede justificarse tanto desde el punto de vista histórico como desde el legal.
España administró el territorio durante décadas. Los propios documentos oficiales reconocen la existencia de una relación jurídica específica entre la población saharaui y el Estado español. La nueva proposición de ley sostiene que el objetivo es armonizar el tratamiento jurídico de los saharauis con el de otras comunidades que mantienen vínculos históricos con España y cita como precedente la legislación sobre la nacionalidad de los sefardíes.
La propuesta establece, además, un procedimiento específico para acreditar el nacimiento en el territorio antes de la fecha de referencia. Entre las pruebas previstas figuran documentos nacionales de identidad españoles antiguos, inscripciones en el censo del referéndum, certificaciones de nacimiento y documentación administrativa española. También contempla certificados escolares, pensiones, permisos de conducir o documentos sanitarios cuando puedan valorarse conjuntamente.
La adquisición no estaría sujeta a tasas y el plazo para presentar las solicitudes sería de tres años desde la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de una prórroga de un año.
Pero el aspecto legal no resuelve todo el problema.
La nacionalidad también es una forma de pertenencia política. Convertir a antiguos súbditos de una colonia en ciudadanos españoles y, potencialmente, europeos puede tener consecuencias que trascienden el ámbito individual.
Por eso, cabe preguntarse si Madrid solo busca reparar una situación histórica o si también está sumando un nuevo elemento al escenario político del Sáhara. Por eso, no cambia el mapa.
Sin embargo, no conviene exagerar: otorgar la nacionalidad española no cambia por sí sola la realidad territorial del Sáhara Occidental, ni determina la soberanía sobre el territorio ni transforma de inmediato el equilibrio estratégico de la región. Tampoco otorga a su titular un derecho de entrada ilimitado a otro país. La nacionalidad española y el control de las fronteras marroquíes son asuntos jurídicos distintos.
El impacto real de la iniciativa dependerá menos del número de pasaportes que se entreguen y más del uso político que se les dé. Los posibles beneficiarios pueden variar. Pero incluso si fueran decenas de miles, difícilmente una medida así cambiaría por sí sola el equilibrio geopolítico del Sáhara.
Sin embargo, sí podría crear una nueva comunidad política legalmente unida a España y abrir un debate sobre la responsabilidad histórica de España en el territorio.
Esta es, probablemente, la cuestión más importante.
Durante décadas, la narrativa oficial española pudo presentar la salida del Sáhara como el final de una presencia colonial. Ahora, medio siglo después, el Estado español vuelve a legislar sobre las consecuencias individuales de aquella presencia.
No se trata solo de entregar un documento de nacionalidad. Es admisible que la antigua relación colonial siga teniendo efectos legales en la actualidad. La proposición de ley lo formula expresamente al afirmar que pretende reconocer el «profundo vínculo» del Sáhara Occidental con España y reforzar la relación histórica entre ambos pueblos.
La paradoja es clara: España dejó el territorio, pero no ha dejado atrás por completo las consecuencias legales de su pasado allí.
Si el objetivo es reparar una injusticia histórica, Madrid puede decirlo abiertamente. Si busca corregir una anomalía legal en la descolonización, también existen razones legítimas para ello. Pero si la nacionalidad se utiliza como herramienta indirecta de presión en el conflicto del Sáhara, las consecuencias pueden ser muy distintas.
La relación con Marruecos, el factor decisivo
Cualquier análisis de esta medida debe tener en cuenta también la relación entre España y Marruecos.
Los dos países están unidos por la geografía, la economía, la migración y la seguridad. La cooperación bilateral abarca cuestiones estratégicas que van desde la lucha contra el terrorismo y el tráfico de personas hasta el comercio y la gestión de los flujos migratorios.
Por eso, convertir el tema de la nacionalidad en un motivo de confrontación geopolítica podría resultar perjudicial para ambos países. Poco es el mismo país que hace medio siglo. Su peso económico, diplomático y estratégico ha aumentado y su relación con Europa se ha vuelto mucho más compleja e interdependiente.
En este contexto, cualquier intento de utilizar la nacionalidad como presión sobre Rabat podría arrojar resultados distintos de los esperados.
Una cuestión que exige claridad
La iniciativa española abre tres debates a la vez: ¿qué responsabilidad mantiene España respecto a la población que estuvo bajo su administración colonial?
El segundo es jurídico: cómo resolver la situación de quienes mantuvieron vínculos documentales con España y quedaron afectados por su salida y por el régimen establecido posteriormente.
Y el tercero es político: ¿qué significa recuperar ahora esos vínculos en medio del conflicto por el futuro del Sáhara Occidental?
La primera cuestión puede abordarse desde la perspectiva de la memoria histórica. La segunda, desde el derecho de la nacionalidad. Pero la tercera requiere una explicación política.
España tiene plena soberanía para decidir quién puede obtener su nacionalidad. Lo que no puede controlar es cómo otros países interpretan las consecuencias de esa decisión.
¿Persigue España enmendar una deuda histórica con los habitantes saharauis, rectificar una irregularidad jurídica derivada de la descolonización o contar con un nuevo instrumento de influencia en el conflicto del Sáhara?
La respuesta determinará cómo se interpretará esta iniciativa, tanto dentro como fuera de España.
Cincuenta años después de aquella retirada, Madrid vuelve a tratar un asunto que nunca se cerró del todo: quién puede obtener un pasaporte español.
La verdadera pregunta es qué quiere hacer España con la memoria jurídica y política de su antiguo Sáhara.
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(*) Hispanista y doctorando marroquí
Referencias:
- Documento de las Naciones Unidas A/31/56-S/11997.
- BOE-A-1976-18575.
