La Unión Europea ha entregado a España más de 23.000 millones de euros como parte de un ambicioso plan de recuperación económica, destinado a modernizar el país tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Este pago convierte a España en el principal beneficiario de fondos europeos no reembolsables, por delante de otros grandes países como Italia y Francia.
El dinero forma parte de un programa europeo llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un mecanismo común adoptado por los países de la Unión Europea para impulsar el crecimiento, la transición ecológica y la modernización de las economías nacionales. En total, España ya ha recibido más de 55.000 millones de euros en ayudas directas desde que comenzó el plan en 2021.
El pago autorizado este mes se divide en dos partes: Más de 7.100 millones de euros en subvenciones, que no deberán devolverse, destinados a obras públicas, educación, transición energética y digitalización. Y Cerca de 16.000 millones de euros en préstamos, con condiciones favorables, para seguir invirtiendo en vivienda social, industria verde, transporte sostenible y ciencia.
Este último desembolso, aprobado por la Comisión Europea tras verificar el cumplimiento de reformas e inversiones, representa cerca del 1,5% del producto interior bruto de España. Según el Gobierno español, se trata del pago más grande que la Unión Europea ha hecho hasta la fecha a uno de sus países miembros.
Entre las acciones ya puestas en marcha gracias a estos fondos se encuentran: la aprobación de una nueva Ley de Universidades, la creación de 50.000 plazas de formación profesional, la restauración de ecosistemas naturales, el impulso al hidrógeno verde y mejoras en la red ferroviaria.
El programa de recuperación europeo está previsto hasta diciembre de 2026, y España ya trabaja en la sexta solicitud de pago, que implicará una revisión de los objetivos y proyectos para asegurar su correcta ejecución antes de la fecha límite.
Aunque quedan algunos puntos pendientes de evaluación, como la reforma fiscal sobre el diésel o la digitalización de instituciones locales, el Gobierno español asegura que está comprometido a cumplir con todos los requisitos establecidos por la Unión Europea.
