Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay expresaron de forma conjunta su profunda preocupación por la gravedad de los hechos ocurridos recientemente en Venezuela, reiterando que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, sin injerencias externas y en estricto apego al derecho internacional.
En un comunicado difundido el 4 de enero por la Presidencia del Gobierno de España, los países firmantes manifestaron su rechazo a las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio venezolano, al considerar que contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Según el texto, este tipo de acciones constituye un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de suponer un riesgo directo para la población civil.
Los seis gobiernos subrayaron que solo el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, en todas sus expresiones, pueden conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. En este sentido, insistieron en que cualquier salida a la crisis debe surgir de un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, sin presiones ni imposiciones externas.
El comunicado reafirma además el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en la solución pacífica de las controversias y en el principio de no intervención, y hace un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente, más allá de las diferencias políticas existentes entre los países.
Finalmente, los firmantes expresaron su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos en Venezuela, al considerar que estas prácticas son incompatibles con el derecho internacional y amenazan la estabilidad política, económica y social de la región. Asimismo, exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a emplear sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
