El Tribunal Supremo de España ha asestado hoy lunes un duro golpe al Gobierno español y al Partido Socialista al condenar al exministro español de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por su implicación en la trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
La sentencia, dictada por unanimidad en el primer juicio del denominado “caso Koldo”, también impone una pena de 19 años y ocho meses de cárcel a Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, mientras que el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, este último evitará ingresar en la cárcel si cumple una serie de condiciones impuestas por el tribunal, entre ellas no reincidir, realizar trabajos en beneficio de la comunidad y presentar informes periódicos sobre sus actividades.
Los magistrados españoles consideran probado que Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una organización criminal destinada a obtener beneficios económicos aprovechando la posición institucional del entonces ministro y dirigente socialista. La sentencia acredita la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de mascarillas, pagos mensuales de 10.000 euros al exministro, el alquiler de viviendas y diversas contraprestaciones vinculadas a favores políticos y administrativos.
Aunque Ábalos ha sido condenado a más de 24 años de cárcel, el Supremo fija un límite máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio. En el caso de Koldo García, el máximo de cumplimiento será de 15 años.
La resolución judicial ha provocado una inmediata reacción política en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la condena supone “una condena al Gobierno de Sánchez” y reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que la sentencia demuestra la gravedad de la corrupción que, a su juicio, ha rodeado al Ejecutivo socialista.
El fallo del Supremo supone además un precedente clave para las demás investigaciones relacionadas con el caso Koldo, que incluyen presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas y supuestos pagos ilegales vinculados al entorno socialista.
La sentencia representa una de las condenas por corrupción más severas impuestas a un exministro en la historia reciente de España y aumenta la presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en un momento especialmente delicado para el PSOE. Los socios ponen en duda la decisión de evitar que Aldama entre a la cárcel y tiene miedo a que se sigan los mismos pasos en el “Caso Zapatero”.
