Un golpe inesperado. Más de 600.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos perdieron este viernes su Estatus de Protección Temporal (TPS), tras la entrada en vigor de medidas migratorias más estrictas impulsadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato.
El TPS había otorgado a cientos de miles de venezolanos protección contra la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente, pero su suspensión los deja nuevamente expuestos a ser retornados a Venezuela en un contexto aún marcado por la crisis humanitaria y el deterioro económico bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Venezuela “ya no califica” para la protección debido a “mejoras” en su situación económica y de seguridad. Sin embargo, organizaciones civiles y activistas migrantes rechazan esta justificación, asegurando que la situación en el país sudamericano está lejos de ser estable.
La decisión fue respaldada en octubre por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que validó la capacidad del presidente para suspender el programa.
Desde el Venezuelan American Caucus, su directora Adelys Ferro calificó la medida como “devastadora”, subrayando que miles de familias se verán afectadas, especialmente aquellas que dependen de tratamientos médicos o que tienen niños escolarizados en Estados Unidos.
Diversas organizaciones de derechos humanos anunciaron protestas y llamados urgentes al Congreso para buscar una extensión o un mecanismo alternativo que evite deportaciones masivas y la fragmentación de familias.
La comunidad venezolana, una de las diásporas más grandes del continente, enfrenta ahora un escenario de profunda incertidumbre.
