El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, ha decidido desalojar a Casa Árabe de su emblemática sede en el edificio de las Escuelas Aguirre, frente al parque de El Retiro, donde la institución desarrolla su actividad desde hace casi dos décadas.
La decisión fija el 1 de septiembre de 2026 como fecha límite para que Casa Árabe abandone el inmueble, una medida que el Ayuntamiento justifica por la existencia de problemas estructurales y por la necesidad de acometer obras urgentes de consolidación y conservación.
Casa Árabe es una institución pública dedicada al diálogo con el mundo árabe y está integrada por el Ministerio español de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las comunidades de Madrid y Andalucía, y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba.
Desde el Gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la decisión de Almeida como una medida partidista y un ataque a los esfuerzos por construir una política exterior de Estado, según EFE. El departamento dirigido por José Manuel Albares lamentó además la falta de lealtad institucional, al considerar que el Ayuntamiento actuó sin una comunicación previa adecuada al resto de administraciones que forman parte del consorcio.
Desde el mundo árabe, la medida no puede leerse únicamente como un expediente administrativo sobre el uso de un edificio público. El desalojo de Casa Árabe de una sede simbólica en el corazón de Madrid refleja también el avance de una línea política cada vez más dura dentro de la derecha madrileña, más cercana al discurso cultural de la extrema derecha que a una visión institucional de las relaciones entre España y el mundo árabe.
Aunque Vox no forma parte del Gobierno municipal de Madrid, la decisión evidencia hasta qué punto la derecha madrileña ha asumido parte de una agenda política que cuestiona espacios de diálogo, cooperación y presencia institucional vinculados al mundo árabe.
El Ayuntamiento asegura que, una vez recuperado el edificio, lo destinará a un uso abierto a la ciudadanía, aunque no ha concretado todavía cuál será su función futura. Sin embargo, el Gobierno español advierte de que la decisión pone en cuestión el compromiso de Madrid con las relaciones de amistad y diálogo entre España y los países árabes.
