El Ministerio de Sanidad y Protección Social de Marruecos ha anunciado este lunes que ha remitido a la justicia el expediente relativo a las muertes registradas en un hospital público de la ciudad de Agadir, en el suroeste del país. La decisión llega tras la finalización de las investigaciones internas llevadas a cabo por la Inspección General del propio ministerio.
Según el comunicado oficial, las autoridades han ordenado la suspensión temporal de los profesionales y responsables implicados “como medida preventiva” mientras continúan los procedimientos judiciales y administrativos. El ministerio subrayó que el caso será seguido “muy de cerca” y que se garantizará “la transparencia del proceso y la protección de los derechos de todas las partes”.
Un contexto de creciente escrutinio público
El incidente ocurre en un momento de mayor sensibilidad social en Marruecos respecto a la calidad de los servicios públicos, especialmente en el sistema sanitario. En los últimos años, el Gobierno marroquí ha impulsado una amplia reforma estructural para modernizar la red hospitalaria, mejorar la gestión y extender la cobertura sanitaria a toda la población.
Sin embargo, episodios de negligencia médica y saturación hospitalaria han provocado un intenso debate en la opinión pública, reavivado por el caso de Agadir. La decisión de remitir el expediente a la justicia busca reforzar la confianza ciudadana y demostrar la voluntad del Ejecutivo de “rendir cuentas y garantizar la justicia sanitaria”, sobre todo, tras las protestas de la generación Z.
