Abdelmounim Aoulad Abdelkrim*
Las relaciones entre España y Marruecos no pueden juzgarse únicamente al albur de la última tensión en Ceuta ni reducirse a un choque diplomático coyuntural. La geografía impone un destino ineludible: dos vecinos condenados a entenderse en un tablero de alta densidad estratégica donde convergen la seguridad, la migración, el comercio y la energía. Sin embargo, la auténtica madurez de esta asociación transfronteriza no debería medirse solo por el volumen de los intercambios comerciales ni en el éxito de los operativos policiales, sino en la capacidad de ambos Estados para mirar de frente las páginas más ásperas de su pasado común.
En los últimos tiempos, el Ejecutivo español ha exhibido una notable determinación en materia de justicia histórica e internacional. La firmeza exhibida ante el drama humanitario en Gaza, la revisión del estatus de los nacidos bajo la administración colonial en el Sáhara o el impulso interno de la memoria democrática reflejan una voluntad explícita de abrazar los principios de reparación y derecho internacional. Sin embargo, la memoria, para ser éticamente sostenible, no admite la selectividad. La justicia histórica pierde su credibilidad cuando se aplica mediante un menú a la carta dictado por la conveniencia política del momento.
Si España decide revisar los claroscuros de su legado colonial, la mirada debe extenderse de forma coherente al otro lado del Estrecho. La historia compartida arrastra episodios de profunda complejidad: desde la expulsión de los moriscos hasta las secuelas del Protectorado. Entre todas estas heridas, la más dolorosa en la memoria colectiva marroquí sigue siendo la guerra del Rif en los años veinte del siglo pasado, marcada por el uso documentado de armas químicas y gas mostaza contra la población civil. Casi un siglo después, este capítulo exige una respuesta institucional a la altura: apertura plena de archivos, investigación académica conjunta y una política valiente de reconocimiento a las víctimas.
Ignorar estas deudas históricas mientras se abordan otros contenciosos proyecta inevitablemente la percepción de una memoria fragmentada e instrumentalizada. Abordar el expediente del Rif o abrir espacios de diálogo serenos sobre los vestigios coloniales no debilita la posición diplomática de la España democrática; al contrario, otorga a su narrativa de reconciliación una integridad incontestable.
Marruecos no necesita reescribir la historia ni España debe renegar de ella. Lo que exige el futuro del Mediterráneo occidental es una lectura compartida, rigurosa y despolitizada del pasado. Desarmar las bombas de tiempo de la memoria es la única garantía para afianzar una asociación estratégica que trascienda la coyuntura y no quede a merced de la próxima crisis. En este sentido, los dos Estados marroquí y español deben armarse de osadía y voluntad para negociar una solución definitiva y justa a esos escollos de arraigo histórico que siguen entorpeciendo el avance de sus relaciones bilaterales lejos de cualquier demagogia, estereotipos, populismo, dogmas, eslóganes patriotistas, etc.
Entre estos asuntos se encuentran los casos de Ceuta y Melilla e islotes del Mediterráneo que un gobierno progresista, como el que lidera Pedro Sánchez, debe tener una postura y un enfoque diferentes a las narrativas esencialistas, defensivas y ahistóricas de «españolísimas», diseñada para zanjar el debate geopolítico mediante la simplificación de una realidad fronteriza sumamente compleja.
La insistencia en este dogma impide problematizar la asimetría territorial de poseer enclaves soberanos en el norte de África, y en esto la izquierda española incongruentemente se asemeja mucho a la derecha.
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(*) Articulista e hispanista marroquí
