El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la posibilidad de ampliar la campaña militar contra el narcotráfico hacia operaciones por tierra en América Latina, luego de una serie de bombardeos realizados este mes contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.
Según declaraciones ofrecidas en Washington, el mandatario afirmó que “la tierra será lo siguiente”, en referencia a una nueva fase de la operación que su administración vincula directamente con la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Hasta el momento, Estados Unidos ha confirmado al menos ocho ataques navales desde septiembre, incidentes que han dejado varias víctimas mortales y han generado reacciones diplomáticas en la región.
Los gobiernos de Colombia y Venezuela han denunciado que estas acciones constituyen operaciones extrajudiciales y suponen una violación de la soberanía nacional. Autoridades colombianas han señalado que parte de los objetivos atacados se encontraban en tránsito en aguas internacionales, mientras que Caracas ha calificado la campaña como una escalada militar que “no contribuye a frenar el tráfico ilegal, sino a aumentar la tensión regional”.
En sus declaraciones, el Presidente Trump reiteró críticas hacia los gobiernos de México, Colombia y Venezuela, afirmando que los grupos criminales de la región “amenazan directamente la seguridad interna de Estados Unidos”. Consultado sobre una posible autorización legislativa para operaciones terrestres, señaló que su administración “actuará para detener el flujo de drogas”, sin precisar si solicitará una declaración formal de uso de fuerza.
Las recientes tensiones han reactivado el debate sobre los límites de la lucha internacional contra el narcotráfico y el marco legal que regula la intervención militar fuera del territorio estadounidense. Analistas regionales advierten que una operación terrestre implicaría un cambio significativo respecto a las estrategias de cooperación antidrogas existentes en el hemisferio.
Por el momento, no se han detallado los países o territorios donde podrían desarrollarse posibles acciones terrestres. Los gobiernos latinoamericanos han reiterado su oposición a cualquier operación sin coordinación previa y han insistido en la necesidad de enfoques multilaterales que prioricen la cooperación judicial y el fortalecimiento institucional.
La situación permanece abierta, mientras se espera si la administración estadounidense precisará los alcances operativos y legales de esta nueva fase anunciada.
