El Gobierno de España está preparando una reforma significativa del reglamento de extranjería, con el objetivo de facilitar la regularización de decenas de miles de inmigrantes y agilizar los trámites para los 6,5 millones de extranjeros que ya residen en el país.
Se espera que esta normativa, que será aprobada en noviembre mediante Real Decreto, reduzca los tiempos para la obtención de permisos de residencia y trabajo, además de ampliar la duración de las renovaciones, según el diario El País.
Estos cambios simplificarán la burocracia y eliminarán requisitos que, hasta ahora, dificultaban la incorporación de muchos inmigrantes al mercado laboral español, favoreciendo especialmente a estudiantes, trabajadores en busca de empleo, familias y solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada en los últimos años.
Uno de los cambios más importantes es la reducción del tiempo necesario para que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo, pasando de tres a dos años.
Asimismo, se introducirá la figura del «arraigo de segunda oportunidad», que permitirá a quienes perdieron su permiso de residencia renovarlo, y se ofrecerá una vía de regularización para los solicitantes de asilo denegados, quienes podrán obtener un permiso si llevan al menos seis meses en España.
Estas medidas buscan sacar de la clandestinidad a un gran número de inmigrantes, facilitando su integración formal en la economía y sociedad españolas, sin recurrir a procesos extraordinarios de regularización masiva.
El reglamento también introduce mejoras clave para los estudiantes extranjeros. Aquellos que se encuentren bajo la figura del «arraigo socioformativo» podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras completan su formación, lo que representa un cambio relevante frente a las normativas anteriores.
Además, los estudiantes que finalicen su estancia podrán obtener una autorización de residencia y trabajo de forma más sencilla, siempre que tengan un contrato en el sector de su formación. Los familiares de estudiantes también se verán beneficiados, ya que podrán solicitar sus permisos de residencia directamente en España, sin necesidad de gestionarlo en sus países de origen, lo que facilita la reunificación familiar y su permanencia en el país.
Esta reforma, además de tener una clara dimensión social, responde a la estrategia económica del Gobierno, que busca aprovechar la inmigración para fortalecer el mercado laboral y compensar el envejecimiento de la población. En el plan fiscal presentado a Bruselas, se señala que la incorporación de más inmigrantes al mercado de trabajo aumentará la productividad y contribuirá al crecimiento económico de España en los próximos años.
El Ejecutivo confía en que estas medidas, junto con la agilización de la homologación de títulos extranjeros, permitirán aumentar el número de trabajadores cualificados y reducir el déficit público, asegurando una mayor sostenibilidad del estado de bienestar y la cohesión social en el futuro.
