El Gobierno canario se queja ante la UE de la cantidad de dinero recibida para afrontar la crisis migratoria. Bruselas aseguró a Canarias que destinó más ayudas a España. En cambio, el gobierno canario confirmó la recepción de una cantidad residual en comparación con el enorme reto migratorio a Canarias.
El comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, informó este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que la UE ha destinado a España 568 millones de euros para afrontar la migración. De esta cantidad, Fernando Clavijo explicó a Brunner que el Estado solo ha transferido al Gobierno autonómico 50 millones de euros para la acogida de menores, cuando los gastos anuales ascienden a 184 millones. A la vista de estos datos, el comisario garantizó que trasladará al Ejecutivo español la disponibilidad de más fondos para que los destine específicamente a la crisis migratoria en Canarias, según el gobierno canario.
Durante su reunión ayer en Estrasburgo, el comisario europeo también aprovechará su reunión con el Gobierno español para informarle del respaldo de Bruselas a que agilice los expedientes de asilo, trámite que permitiría la acogida por parte del Estado de los casi 1.000 niños y niñas de Mali tutelados en la actualidad por Canarias.
Fernando Clavijo explicó que durante la reunión Brunner se mostró “muy extrañado” porque, a pesar de la presión migratoria sobre las islas, el Estado español “no haya contado para nada con Canarias” a la hora de redactar la propuesta que ha remitido a Bruselas de cara a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. También se quedó sorprendido porque el Gobierno central no haya informado al Gobierno autonómico sobre el contenido de este documento remitido el pasado diciembre a Bruselas.
Otros de los asuntos planteados por el presidente de Canarias al comisario ha sido la situación “límite” que vive el archipiélago ante el incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados. Clavijo explicó a Brunner la dificultad para distribuir estos niños y niñas en el resto del territorio español y europeo debido a que la legislación no distingue entre menores nacionales y migrantes.
