En una decisión que ha generado amplia polémica, el Ayuntamiento de Ripoll, liderado por la alcaldesa ultraderechista Sílvia Orriols, ha decidido prohibir el uso del burkini en la piscina municipal, bajo el argumento de motivos de seguridad, según un comunicado al que tuvo acceso Mares30. Sin embargo, para muchos observadores y miembros de la sociedad civil, esta medida no responde a criterios técnicos, sino a una clara intención de señalar a las mujeres musulmanas y, en particular, a la importante comunidad marroquí del municipio.
Con una población de 10.773 habitantes en 2024, Ripoll alberga a 1.619 personas extranjeras, siendo la comunidad marroquí una de las más significativas, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) y varios medios locales. Para muchas de estas familias, el uso del burkini representa una elección identitaria y cultural ligada a sus creencias religiosas y a su derecho a participar plenamente en el espacio público, incluido el acceso a servicios municipales como las piscinas.
La justificación del Ayuntamiento —que sostiene que esta prenda dificulta los rescates acuáticos— ha sido refutada por expertos en salvamento, quienes aseguran que no existe tal riesgo adicional. “El burkini no plantea un problema técnico”, afirmó Oriol Canals, vicepresidente de la Asociación de Empresas Catalanas de Salvamento Acuático. “Los socorristas están preparados para intervenir con cualquier tipo de indumentaria”, según artículo publicado por El País.
Desde sectores de defensa de los derechos humanos y la convivencia, se denuncia que esta medida no es un hecho aislado, sino parte de un discurso más amplio de exclusión promovido por la extrema derecha, que ha ganado espacio institucional en municipios como Ripoll. La decisión apunta directamente a las mujeres musulmanas, que ya enfrentan múltiples barreras en la vida cotidiana, y podría profundizar la estigmatización y el aislamiento de la comunidad marroquí local.
Para muchas voces en la sociedad catalana, esta prohibición va más allá de la regulación de una prenda: es un mensaje político de exclusión. Y en un municipio donde las personas de origen marroquí forman parte del tejido económico y social desde hace décadas, la pregunta es inevitable: ¿a quién sirve realmente esta medida?
