El Gobierno de España informó de que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, órgano adscrito al Ministerio español de Igualdad, atendió a lo largo de 2025 un total de 2.703 casos de discriminación racial o étnica, prestando asistencia directa a 3.280 personas en todo el territorio español, según un balance oficial difundido este 5 de enero desde Madrid.
La cifra supone una media de nueve llamadas y siete casos diarios gestionados por el servicio especializado del Consejo, que actúa como mecanismo estatal de apoyo, asesoramiento y orientación a las víctimas.
De acuerdo con los datos del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, la mayoría de los expedientes correspondieron a casos individuales, con 2.178 registros, frente a 508 de carácter colectivo, además de otros 17 que no pudieron ser calificados. La distribución territorial muestra una mayor concentración de denuncias en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León, aunque el organismo subraya que se han registrado situaciones de discriminación en todas las comunidades y ciudades de España
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El informe oficial pone de relieve la diversidad de perfiles atendidos, destacando especialmente personas identificadas como latinoamericanas blancas, seguidas de población gitana o romaní, personas de origen árabe y afrodescendiente, así como nativos americanos y amazighies, lo que confirma la persistencia de prácticas discriminatorias que afectan también a comunidades norteafricanas y de raíz amazigh presentes en España.
En cuanto a la tipología, más de 1.300 casos fueron catalogados como discriminación directa y cerca de 900 como discriminación indirecta, concentrándose principalmente en el ámbito del empleo privado, el acceso a bienes y servicios, la vivienda, la sanidad y el sistema educativo. El balance por sexos refleja además una mayor atención a mujeres, con 1.303 casos, frente a 995 hombres, evidenciando una dimensión de género en muchas de las situaciones denunciadas.
El Consejo recordó que, además de acompañar a las víctimas en la tramitación de reclamaciones de forma independiente, desarrolla labores de investigación, elabora informes y promueve medidas destinadas a reforzar la igualdad de trato y la no discriminación en la sociedad española, en un contexto marcado por el aumento de la diversidad social y cultural.
