La Guardia Civil española ha desarticulado en la localidad de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, una organización criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres procedentes de Venezuela y Colombia, en el marco de la operación policial denominada “Alaragua”. La actuación se ha saldado con la liberación de seis víctimas y la detención de ocho personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
Según ha informado el Ministerio del Interior del Gobierno español, la red trasladaba a mujeres desde distintos países de América del Sur hasta España y, una vez en territorio español, las conducía inicialmente a Roquetas de Mar. Desde esta localidad eran posteriormente desplazadas a diferentes ciudades de España para ser explotadas sexualmente bajo un férreo control por parte de los miembros de la organización.
La investigación se inició en octubre de 2024 gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a las autoridades españolas sobre la posible existencia de un entramado dedicado a la trata de seres humanos en esta zona del sureste español. A partir de esa información, los agentes lograron identificar el funcionamiento interno del grupo, que controlaba a las víctimas tanto de manera presencial como a distancia, a través de teléfonos móviles, indicándoles los lugares a los que debían desplazarse, los alojamientos y los servicios que estaban obligadas a prestar, así como gestionando el dinero obtenido.
Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo registros en los domicilios de los presuntos responsables, donde se localizaron pruebas e indicios relevantes relacionados con la actividad criminal. La actuación ha contado con la colaboración del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería y está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería.
Las autoridades españolas han subrayado que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en el marco de esta causa, en un contexto en el que la trata de mujeres con fines de explotación sexual continúa siendo un fenómeno de carácter transnacional que afecta de manera directa a países de origen como Venezuela y Colombia, así como a países de destino dentro de la Unión Europea, entre ellos España.
