La crisis ambiental global se planteó en la agenda pública mundial hace más de 50 años en la Cumbre celebrada en Estocolmo 1972, claro está que el sistema internacional siempre ha manifestado preocupaciones e indicaciones diversas respecto a cómo concebir esta crisis y dónde enfatizar para su resolución. Al respecto, la principal línea de confrontación se ha dado entre la perspectiva de los países desarrollados y altamente industrializados frente a la perspectiva de los países “en vías de desarrollo”.
Si analizamos el proceso referido a la búsqueda de soluciones al tema del Cambio Climático, y aceptamos la premisa de que ningún actor en el seno del sistema internacional rechaza de forma abierta la necesidad de alcanzar acuerdos multilaterales para solucionar este problema, los esfuerzos como los realizados en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, efectuada en Copenhague el año 2009, no logró responder a las expectativas de concordar un plan que pudiera sustituir o por lo menos mejorar al protocolo de Kioto. Todas las reuniones y cumbres internacionales del COP celebradas posteriormente ponen en seria duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo vinculante y efectivo que permita reducir las emisiones o por lo menos estabilizarlas. Estos planteamientos nos llevan a un cuestionamiento ineludible ¿quién y cómo se asumen los enormes costos económicos?
Más allá del discurso imperante que señala que es un problema grave que amenaza a la humanidad en su totalidad y que todos los integrantes de este mundo debemos enfrentarlo y solucionarlo, hay que reconocer que no vivimos en un mundo homogéneo ni en términos de poder ni en términos de responsabilidad respecto de la generación de la crisis ambiental.
El conjunto de la Academia y la mayor parte de la cópula científica señalan que es un problema que se viene agudizando de forma amenazante desde la revolución industrial, aunque, por otra parte, no existe tal consenso en reconocer que fueron y que siguen siendo los países más industrializados del planeta y por consiguiente los más poderosos los que tienen mayor responsabilidad en su generación. Sin embargo, la compleja paradoja política que plantea esta situación en la actualidad es que parte significativa de la responsabilidad respecto de tomar medidas claves de mitigación de este problema global recae en países “en vías de desarrollo”.
Hay que reconocer que la causa de la crisis ambiental está ligada a la histórica asimetría en el desarrollo humano y económico que caracteriza a un mundo donde el llamado primer mundo, logró su alto estándar de vida sobre la base de un sistema económico altamente contaminante y depredador de recursos naturales del sur global. Por lo tanto, más allá de los discursos políticamente correctos, y todos los esfuerzos y medios desplegados por lacomunidad internacional para alcanzar acuerdos sobre todo efectivos a fin de solucionar este problema, lo cierto es que estamos frente a un asunto político de primera orden en el cual la variable espacial o geográfica adquiere enorme relevancia. De aquí entonces, la resolución de esta crisis ambiental en general, así como su variable Cambio Climático en particular, proyecta tensiones que se pueden volver determinantes para un orden mundial emergente sin definir, debido a unos acontecimientos internacionales que lo alteran de forma continua.
Si partimos de la premisa de que el equilibrio ecosistémico del planeta es clave para garantizar la supervivencia y este equilibrio se ve amenazado de forma continua por el Cambio Climático, entonces las formas de uso y gestión del espacio geográfico por parte del ser humano, desde la perspectiva ambiental, se transforma de manera inequívoca en un claro problema político. Se plantea, por ejemplo, que la falta o por lo menos la escasez de los recursos naturales, los riesgos ecológicos, la relación directa entre crecimiento de corte económica y la creciente degradación ambiental, el miedo a una crisis medioambiental global, debe de cuestionar la noción de la soberanía de los estado-nación y el papel de los organismos internacionales, estamos ante una “ambientalización de la geopolítica” como indica (Noguey Vicente, 2001). Dicho de otra manera, el discurso ecológico plantea el fin de los asuntos internos de un país, es decir, el fin de los llamados Estados nacionales en una cuestión colectiva.
Este planteamiento afianza la consideración de que estamos inmersos en un proceso hacia un nuevo orden político global emergente, donde el factor ecológico puede ser un importante generador de conflictos por temas de soberanía. Y esto está más cerca que nunca.
Hay una necesidad imperante de preservar los recursos naturales especialmente el agua, como imperativo de conservar de forma cautelar el patrimonio ecológico territorial. Los riesgos de una guerra ambiental, la utilización de componentes del clima o del medio ambiente como instrumentos de destrucción o de poder ya son una realidad.
