En una declaración a la prensa el martes sobre la gestión de los actos de violencia y destrucción durante las manifestaciones no autorizadas ocurridas en varias ciudades marroquíes a finales de septiembre, Farhan subrayó que en todas las etapas de la investigación y del juicio, se respetaron todas las garantías de un proceso justo para los acusados, precisando que, desde su detención, las actas de interrogatorio fueron redactadas en estricto respeto a los procedimientos legales, desmintiendo la existencia de confesiones bajo coacción.
Respecto a los casos aún en curso ante los tribunales, precisó que la mayoría se debe a los plazos solicitados por la defensa para preparar sus alegatos, e indicó que las penas pronunciadas en algunos procesos penales no superaron los 15 años de prisión, pese a la gravedad de los hechos, cuya pena máxima puede alcanzar los 30 años.
En este sentido, explicó que los tribunales tomaron en consideración las circunstancias personales de los acusados, en particular su situación social y la ausencia de antecedentes penales, agregando que algunos casos siguen en fase de instrucción, en el marco de la conclusión de los procedimientos de investigación.
En relación con las manifestaciones no autorizadas y los incidentes que las acompañaron, se arrestaron varios individuos, de los cuales 3.300 fueron liberados tras la comprobación de sus datos por los servicios de seguridad competentes, precisando entre los participantes en estos incidentes figuraban varios menores, que fueron entregados a sus tutores.
En cuanto a las personas cuya implicación en actos criminales graves fue comprobada, atentando contra la seguridad de las personas y los bienes, así como contra la seguridad y el orden público, un total de 2.480 individuos fueron presentados ante distintas fiscalías de los tribunales del reino (Rabat, Casablanca, Agadir, Tánger, Uchda, etc.) para tomar las medidas legales pertinentes en su contra, explicó Farhan.
La investigación y el examen de las actas elaboradas en este sentido, permitieron reunir pruebas suficientes que demuestran que algunos cometieron actos criminales graves que, desde el punto de vista jurídico, constituyen delitos y crímenes sancionables conforme al Código Penal y a ciertas leyes especiales.
Estos actos criminales incluyen desobediencia colectiva, con tenencia de armas, agresión a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones con violencia y derramamiento de sangre, incitación a cometer delitos y crímenes y participación en concentraciones armadas, destrucción y saqueo de bienes públicos o privados con violencia, así como actos de vandalismo contra bienes de utilidad pública.
Se trata también de vehículos para bloquear el tráfico, daños materiales en bienes privados, robos con agravantes, incendios intencionados de viviendas o vehículos desocupados y posesión de armas en circunstancias que pueden constituir una amenaza para la seguridad de las personas y los bienes financieros, indicó.
Farhan subrayó que las intervenciones de las fuerzas del orden se desarrollaron conforme a la ley y dentro de sus competencias legales, con el objetivo de proteger la seguridad de las personas y bienes y preservar el orden público, ante la gravedad de los actos cometidos por algunas personas procesadas, como incendios de propiedades públicas y privadas, bloqueos de carreteras y agresiones que causaron heridas graves a agentes de seguridad, además de grandes daños materiales.
Tras la finalización de las investigaciones, las fiscalías concernidas decidieron procesar a 2.480 acusados, de los cuales 959 en estado de libertad y 1.473 en estado de detención, cifra que ha disminuido tras las liberaciones derivadas de condenas condicionales o absoluciones. También se dictaron sentencias contra menores, que fueron entregados a sus tutores conforme las disposiciones relativas al procesamiento de menores previstas en el Código de Procedimiento Penal.
Las fiscalías decidieron archivar los casos de 48 acusados, precisó el magistrado, señalando que todas las pruebas fueron examinadas cuidadosamente y que las acusaciones se basaron en elementos probatorios suficientes, respetando la presunción de inocencia y garantizando el derecho a la defensa, incluida la asistencia letrada y la notificación de los cargos a las familias.
Según los datos disponibles hasta el 27 de octubre, 66 acusados fueron juzgados en las cámaras penales de primera instancia, con 61 condenas y 5 absoluciones.
Aunque los hechos juzgados, como incendio, destrucción o degradación de bienes, son graves, las penas pronunciadas oscilaron entre 1, 2, 3, 4, 10 y 15 años de prisión, cuando la ley prevé hasta 30 años, lo que se explica por la aplicación de circunstancias atenuantes debido a la situación social de los condenados.
En los tribunales de primera instancia, se dictaron 301 sentencias contra adultos, con 208 penas de prisión firme, 66 con suspensión de condena y 27 absoluciones.
Asimismo, se emitieron sentencias contra 162 menores, de los cuales 83 fueron entregados a sus tutores, en consideración a su interés superior.
De estas estadísticas se desprende que las absoluciones en primera instancia representan el 11,4% del total de sentencias, mientras que en las cortes de apelación alcanzan el 9,7%.
