España registra un cambio significativo en sus rutas de inmigración irregular por vía marítima, según los últimos datos del Ministerio del Interior, que muestran una fuerte caída de llegadas desde Marruecos y desde la ruta atlántica hacia Canarias, al tiempo que se dispara el número de embarcaciones procedentes de Argelia hacia las Islas Baleares.
El informe provisional hasta el 30 de noviembre confirma un descenso global del 43,7%, gracias a la cooperación operativa entre Madrid y varios países africanos, especialmente con Marruecos, Mauritania y Senegal, lo que ha reducido de manera notable las salidas hacia la Península Ibérica y hacia el archipiélago canario.
Las llegadas a la Península ibérica se han reducido un 8,7%, mientras que Canarias registra una caída histórica del 59,4%, resultado de patrullas conjuntas, operaciones marítimas financiadas por España y acuerdos bilaterales en materia de control fronterizo y lucha contra redes criminales.
Sin embargo, esta tendencia positiva para el Gobierno español se ve eclipsada por el crecimiento constante de la ruta argelina, que ha convertido a Baleares en el nuevo epicentro migratorio del Mediterráneo occidental, con un aumento del 28,3% en comparación con el año anterior y con un incremento del 17,3% en el número de embarcaciones detectadas, lo que apunta a un fortalecimiento de las redes clandestinas en Argelia, país que carece de mecanismos de cooperación policial con España como los que existen con Rabat o Nuakchot.
La falta de coordinación entre Madrid y Argel obstruye la posibilidad de controlar esta ruta emergente, que se nutre de salidas rápidas desde las costas de Orán y Mostaganem, donde operan embarcaciones potentes y grupos especializados en transporte irregular, que encuentran un punto vulnerable en el acceso a aguas baleares, menos vigiladas que las rutas atlánticas o el Estrecho.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, Argelia se ha convertido en un desafío estratégico, pues el éxito alcanzado con Marruecos y Mauritania no se traduce en el Mediterráneo central, donde esta nueva presión obliga a España a buscar soluciones en un contexto diplomático complejo, marcado por tensiones energéticas y ausencia de acuerdos de readmisión.
