José Daniel Rodríguez-Arrieta*
Lo que ocurrió en Venezuela no admite lecturas simples ni celebraciones automáticas. No estamos ante un escenario binario ni frente a una oposición moral elemental entre “bien” y “mal”. Reducir el análisis a la mera salida —real o esperada— de un régimen autoritario implica perder de vista el problema de fondo: el declive del derecho internacional como límite efectivo al poder.
Es comprensible, e incluso legítimo, que muchas personas venezolanas, golpeadas durante años por el deterioro institucional, la represión y la precarización de la vida cotidiana, vean con alivio cualquier acción que prometa un cambio, nadie podría juzgarlos por ello. Esa dimensión humana no puede ni debe ser ignorada. Pero el análisis político y jurídico exige distinguir entre la crítica a un régimen y la normalización de prácticas internacionales que socavan el orden jurídico global en su conjunto, porque el precio a pagar puede ser mucho más alto.
Desde el derecho internacional, lo que se ve tensionado es el núcleo mismo del ius ad bellum, es decir, el conjunto de principios que regulan el uso de la fuerza entre Estados. La prohibición general de la intervención armada, la excepcionalidad estricta de la legítima defensa, la centralidad de la autorización colectiva y el principio de soberanía no son formalismos diplomáticos: fueron diseñados precisamente para impedir que la superioridad militar se convierta en un argumento político legítimo. Cuando estos principios se estiran, se reinterpretan o se eluden mediante justificaciones cambiantes —ayer narcotráfico, hoy recursos estratégicos como el petróleo—, el derecho deja de operar como límite y se convierte en discurso instrumental.
A esto se suma una lectura inevitable desde el realismo clásico. La política internacional no se rige por filantropía ni por impulsos morales desinteresados, sino por intereses, cálculo estratégico y relaciones de poder. En ese marco, resulta ingenuo presentar este tipo de intervenciones como gestos altruistas o como expresiones de una vocación salvadora. Los Estados —y especialmente las grandes potencias— actúan para maximizar influencia, asegurar recursos y preservar su posición. El problema no es que existan intereses; eso es constitutivo de la política internacional. El problema es que esos intereses puedan imponerse por fuera de reglas comunes, sin control ni contrapesos efectivos.
Cabe recordar que esto no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia. La asimetría estructural del sistema internacional permite que quienes concentran poder reduzcan al mínimo los costos de violar la norma, y sobre todo cuando son liderados por figuras sin contención como Donald Trump, lo cual es medular en todo lo que está ocurriendo. Cuando no hay sanción, la excepción se transforma en precedente; y cuando el precedente se repite, la práctica se naturaliza. Así, el derecho internacional no desaparece, pero se vacía de fuerza vinculante.
Las consecuencias trascienden ampliamente el caso venezolano. Un orden internacional donde las normas se aplican de forma selectiva es, por definición, un orden inestable. Los Estados que dependen del derecho y del multilateralismo —y no de la fuerza— para proteger su soberanía quedan expuestos a un escenario donde la previsibilidad se desvanece y la arbitrariedad gana terreno. En ese contexto, el derecho deja de ser una garantía compartida y pasa a ser un recurso retórico que acompaña al poder, pero no lo limita.
Nada de esto implica relativizar la gravedad del régimen venezolano ni desconocer el sufrimiento de su población, Maduro lideró un régimen autoritario, pero las soluciones que erosionan el derecho internacional en nombre de la urgencia suelen agravar, a mediano y largo plazo, la fragilidad de los Estados y la vulnerabilidad de sus sociedades. La experiencia histórica muestra que intervenir sin un marco jurídico sólido y sin responsabilidad posterior rara vez produce estabilidad o reconstrucción genuina.
El verdadero debate, entonces, no es si un régimen merece críticas o presión internacional. El debate de fondo es qué tipo de orden internacional se consolida cuando el poder sustituye al derecho. Porque cuando la norma deja de ser vinculante para los más fuertes, deja de proteger a todos. Y ese es un costo sistémico demasiado alto, incluso —y especialmente— para quienes hoy esperan, con razón, una salida a una crisis que lleva demasiado tiempo abierta, mucho tiempo.
*Politólogo costarricense. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente está en España cursando un doctorado en Derechos Humanos.
