Safia Abahaj*
Hay cuestiones que no se resuelven en el ruido, sino en el rigor. El expediente del Sáhara marroquí ha cruzado, en las últimas décadas, el umbral de la tensión ideológica para entrar, con firmeza, en el terreno de la legalidad, la estabilidad y la legitimidad diplomática. Frente a las narrativas paralelas, Marruecos ha optado por una estrategia que conjuga diplomacia activa, desarrollo regional y un apego inflexible al Derecho internacional.
Un conflicto falsamente congelado: entre el derecho de los pueblos y la integridad territorial
La raíz del conflicto en torno al Sáhara marroquí ha sido, desde sus orígenes, sistemáticamente distorsionada o instrumentalizada por intereses geopolíticos ajenos a la realidad histórica y jurídica de la región. Bajo la apariencia de un “proceso de descolonización inacabado”, se ha intentado desdibujar una verdad documentada: la profunda vinculación legal, espiritual y administrativa que ha existido durante siglos entre el Reino de Marruecos y las tribus saharauis.
El dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya el 16 de octubre de 1975, constituye un pilar fundamental que desbarata cualquier intento de deslegitimar la soberanía marroquí. La Corte, tras examinar pruebas históricas, testimonios tribales y relaciones diplomáticas precoloniales, concluyó —de manera inequívoca— que existían vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán de Marruecos y las poblaciones del Sáhara. Este reconocimiento, lejos de ser anecdótico, es una declaración jurídica de gran peso, pues socava la narrativa de una tierra sin dueño o de un pueblo separado del conjunto nacional marroquí.
No obstante, ciertos actores políticos han preferido ignorar este precedente, alimentando el mito del “vacío jurídico” como argumento para sostener una causa que ha ido perdiendo sustento tanto legal como diplomático con el paso del tiempo. En este contexto, es esencial recordar que el principio de integridad territorial, consagrado por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, no puede ser vulnerado por lecturas ideológicas del principio de autodeterminación.
El caso del Sáhara marroquí no encaja en la categoría de colonias clásicas carentes de soberanía preexistente. Muy al contrario: se trata de un territorio cuyos habitantes, históricamente, han participado en el tejido social, económico y político de Marruecos, y cuya identidad se entrelaza con la del Reino de forma orgánica e innegable.
Hoy, el principio de integridad territorial debe prevalecer no solo por razones jurídicas, sino por la evidencia práctica y legítima de una administración eficaz, una presencia estatal permanente y una voluntad de desarrollo colectivo en las provincias del sur. Así, lo que algunos describen como un “conflicto congelado”, es en realidad un proceso de consolidación territorial legítimo, avalado por la historia, por el derecho y por los hechos.
La propuesta marroquí de autonomía: un marco jurídico moderno, creíble y compatible con la Carta de las Naciones Unidas
Desde 2007, el Reino de Marruecos presentó oficialmente ante el Secretario General de las Naciones Unidas una iniciativa de autonomía para sus provincias del sur que marcó un punto de inflexión jurídico y diplomático en el tratamiento del dossier del Sáhara marroquí. Esta propuesta, elaborada conforme a los principios del Derecho internacional contemporáneo, constituye una solución negociada que conjuga la integridad territorial con el respeto a las especificidades locales, permitiendo así una amplia autogestión dentro del marco soberano marroquí.
La propuesta marroquí se inscribe plenamente en el principio de subsidiariedad reconocido por múltiples constituciones modernas y por la doctrina de la descentralización avanzada. El proyecto contempla instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales propias para la región, integradas en el conjunto institucional nacional, lo que supone un modelo avanzado de regionalización con garantías democráticas, de derechos humanos y de respeto al pluralismo cultural, lingüístico y social.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en más de una veintena de resoluciones desde 2007, ha considerado esta propuesta como “seria, creíble y realista”, lo que la sitúa como el único marco viable en las negociaciones. Este reconocimiento no es retórico: implica un respaldo tácito a la arquitectura jurídica de la propuesta y la validación implícita de su coherencia con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente con su artículo 2.4 (prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados) y con el principio de arreglo pacífico de controversias.
Frente a modelos de secesión forzada o a la perpetuación de un statu quo artificial e inestable, la propuesta marroquí representa una tercera vía jurídicamente consolidada, pragmática y consensual. No se trata de imponer una solución, sino de construir un marco de reconciliación regional que tenga por base el diálogo y la realidad jurídica del territorio, como reconocida por los organismos internacionales.
Nuevos reconocimientos, nuevas realidades diplomáticas
La evolución del contexto internacional ha consolidado un nuevo paradigma en torno a la cuestión del Sáhara marroquí. Lejos de la imagen estancada de un conflicto “congelado”, la dinámica geopolítica revela una tendencia clara: el reconocimiento creciente —explícito o implícito— de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, en detrimento de las tesis separatistas.
Actualmente, más de 85 países han retirado o congelado su reconocimiento a la autodenominada “RASD”, al constatar su falta de atributos de soberanía conforme al Derecho internacional clásico: no ejerce control efectivo sobre el territorio, carece de población estable bajo su administración, no posee instituciones democráticas funcionales ni ostenta reconocimiento generalizado por parte de la comunidad internacional.
Uno de los indicadores más contundentes de esta reconfiguración diplomática es la apertura de más de 30 consulados generales en las ciudades de Dajla y El Aaiún por parte de Estados africanos, árabes, caribeños y latinoamericanos. Esta acción diplomática reviste un doble valor: por un lado, constituye un reconocimiento tácito de la marroquinidad del Sáhara; por otro, representa un acto jurídico concreto basado en la práctica estatal y la doctrina del “reconocimiento efectivo” (effectivités), según la cual la soberanía se legitima también por actos tangibles de terceros Estados.
La posición de países de peso como Estados Unidos —que reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental mediante una proclamación presidencial—, así como la evolución de la postura de países clave como Alemania, España y los Países Bajos, contribuye a redefinir el marco de legalidad y legitimidad internacional en este conflicto. Las fórmulas ambiguas ceden paso a declaraciones explícitas que reconocen la propuesta marroquí como la única base seria para una solución duradera.
Estas nuevas realidades diplomáticas, lejos de ser anecdóticas, constituyen una sedimentación progresiva del Derecho internacional a través de la práctica estatal, en conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En definitiva, no estamos ante una simple reconfiguración geopolítica, sino ante la consagración jurídica de un nuevo equilibrio basado en la realidad sobre el terreno y el principio de soberanía efectiva.
Evaluaciones e informes: cuando la verdad supera al relato
Las recientes misiones de evaluación llevadas a cabo por organismos internacionales, medios de comunicación de referencia y think tanks independientes como el Atlantic Council o el German Marshall Fund han contribuido a proyectar una imagen más precisa y justa de la situación en las provincias del sur de Marruecos. Lo que estas misiones constatan sobre el terreno es innegable: una región en plena metamorfosis, alimentada por inversiones estratégicas, políticas públicas inclusivas y proyectos de desarrollo sostenible.
Las infraestructuras modernas que conectan Dajla, El Aaiún y otras ciudades del sur con el resto del país, el puerto atlántico en construcción, la promoción de energías renovables y los avances en el acceso a la educación, la sanidad y la digitalización muestran una voluntad política clara de integrar plenamente el Sáhara en la dinámica de progreso nacional. Este esfuerzo se traduce también en una gobernanza renovada, donde las instituciones locales cuentan con legitimidad democrática gracias a una activa participación ciudadana, incluida la de los saharauis que viven en estas regiones.
Negar esta transformación o, peor aún, silenciar la voluntad libremente expresada de la población saharaui que participa en elecciones, debates institucionales y foros internacionales, es tergiversar el principio mismo de autodeterminación, que no se reduce a un referéndum binario del siglo pasado, sino que debe entenderse como una manifestación pacífica, progresiva y legítima de integración en un marco nacional que respete los derechos, la diversidad y la cohesión social. En este sentido, Marruecos ha dado pruebas sólidas y verificables de que el desarrollo y la estabilidad no son solo promesas, sino realidades vividas.
Conclusión: la hora de la verdad jurídica y la madurez diplomática
El dossier del Sáhara marroquí ha superado la lógica de la confrontación ideológica y se inscribe hoy en una cartografía nueva: la de los Estados racionales, pragmáticos y conscientes de que la legalidad internacional no puede quedar rehén de narrativas caducas. La era de los slogans y las posiciones inamovibles ha dado paso al tiempo de las soluciones jurídicas audaces, adaptadas a las realidades del terreno, al sentido de la historia y al interés superior de las poblaciones afectadas.
Marruecos no ha impuesto, ha propuesto. No ha cerrado puertas, ha abierto horizontes. Y lo ha hecho con serenidad, bajo el principio de legalidad, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y la búsqueda de un compromiso que respete tanto su soberanía como la dignidad de todos sus ciudadanos. Esta posición, lejos de ser defensiva, es profundamente visionaria: convierte el Sáhara en un eje de cooperación regional y desarrollo continental.
Hoy más que nunca, la comunidad internacional debe acompañar esta evolución con madurez diplomática y valentía jurídica. Reconocer el progreso no es tomar partido: es tomar posición por la verdad, por la justicia y por la paz.
Desde lo más profundo de mis raíces, afirmo con orgullo que Marruecos no solo es mi tierra: es mi causa, mi identidad y mi fuerza. Y mientras exista un rincón de desierto que resista con dignidad, seguiré alzando la voz con la convicción de que la verdad —esa que se construye con hechos y se defiende con principios— siempre acaba por iluminar el horizonte de los justos.
Investigadora saharoui*
