Unas 193 personas sospechosas han sido procesadas tras los actos de violencia, destrucción e incitación que se han producido recientemente en algunas ciudades del Reino, afirmó Zakaria Laaroussi, magistrado y jefe de la unidad de seguimiento de la ejecución de las medidas represivas y las decisiones judiciales en la Presidencia del Ministerio Público.
En una declaración a la prensa, Laaroussi indicó que se ha presentado una solicitud para iniciar una investigación contra 18 sospechosos, de los cuales 16 han sido encarcelados por orden del juez de instrucción.
El magistrado añadió que 19 sospechosos están siendo procesados también por las fiscalías competentes en estado de detención, dada la gravedad de los actos que han cometido, en particular los crímenes de derecho común, sabiendo que algunos de ellos estaban bajo los efectos de la droga.
Asimismo, 158 sospechosos están siendo procesados en estado de libertad, mientras que el caso ha sido archivado para 24 sospechosos, prosiguió Laaroussi, añadiendo que un grupo de personas fue puesto en libertad tras la redacción de las actas de su interrogatorio.
Estas protestas no autorizadas, explicó, se caracterizaron por actos que no guardan relación alguna con una manifestación de carácter pacífico, ya que estos acontecimientos estuvieron salpicados de diferentes formas de violencia y destrucción, especialmente el lanzamiento de piedras contra las fuerzas del orden, la destrucción de bienes de los ciudadanos, además de vehículos y comercios dañados, actos de saqueo, incendios de vehículos propiedad del Estado, degradación de bienes de utilidad pública, así como violencia y obstaculización del tráfico en la vía pública.
Teniendo en cuenta que estos actos han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y dado su carácter criminal, se han iniciado investigaciones judiciales al respecto bajo la supervisión de las fiscalías competentes, de conformidad con las disposiciones legales, precisó Laaroussi.
Las investigaciones revelaron la implicación de un grupo de menores que fueron remitidos a la justicia de menores para que se tomaran las medidas jurídicas adecuadas en su contra, dijo, agregando que las investigaciones judiciales al respecto han demostrado que algunas personas difundieron contenidos digitales en varias cuentas de redes sociales con el fin de incitar a la gente a salir a la calle a protestar, al igual que se difundieron contenidos digitales de manifestaciones ocurridas en el extranjero para engañar al público y aumentar el número de visitas y obtener beneficios financieros.
Las investigaciones siguen en curso con el fin de detener al resto de personas sospechosas de estar implicadas en la comisión de los actos mencionados, que tuvieron lugar la noche del 30 de septiembre, subrayó, y señaló que serán remitidas a las fiscalías competentes para que se tomen las medidas legales oportunas a la luz de los resultados de estas investigaciones.
El magistrado concluyó que las fiscalías velan por la preservación de la seguridad y la protección de los ciudadanos y sus bienes, así como por la preservación del orden y la seguridad públicos, además de la protección de los derechos y libertades, en consonancia con las misiones que se les han asignado, de conformidad con la ley y la Constitución, y afirmó que estas mismas fiscalías se esforzarán por aplicar la ley de manera firme y estricta para preservar la seguridad y la protección de los ciudadanos.
