Khalid Mellouk*
El 28 de julio de 2024 se perfila como una fecha decisiva en la historia política de Venezuela. En un contexto de crisis económica y social sin precedentes, los venezolanos se preparan para unas elecciones presidenciales que, después de un cuarto de siglo, generan esperanzas de una transformación significativa. El chavismo, liderado por Nicolás Maduro, se enfrenta a una oposición encabezada por Edmundo González Urrutia, en un ambiente marcado por la tensión política y la represión estatal. Lejos de promover una mayor equidad y prosperidad a través de la consolidación del socialismo bolivariano, las políticas implementadas por Maduro han exacerbado la situación ya volátil en el país.
La hiperinflación descontrolada ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, el desabastecimiento de bienes básicos se ha vuelto una constante dolorosa y la emigración masiva de venezolanos subraya la magnitud del fracaso del gobierno actual. Estos problemas han creado un caldo de cultivo para una demanda urgente de reformas que puedan restaurar la estabilidad y mejorar las condiciones de vida en Venezuela. Por el contrario, la oposición está enfocada en llevar a cabo una transición hacia un gobierno de unidad nacional con el propósito de superar la prolongada crisis política y económica que azota al país. Los líderes opositores abogan por el restablecimiento de las instituciones democráticas y hacen hincapié en la necesidad de una administración más transparente y responsable que recupere la confianza de la ciudadanía. Igualmente, ponen de relieve la importancia de liberar a los presos políticos como un paso primordial para la reconciliación nacional y la construcción de un entorno más inclusivo.
Un contexto electoral de alta polarización
El escenario electoral venezolano está cargado de incertidumbre y especulación. El chavismo insiste en la continuidad de su modelo socialista y decide poner fin al Acuerdo de Barbados. En contraste, la oposición aspira a abrir un nuevo capítulo en la historia de Venezuela y a transformar profundamente el panorama político. De acuerdo con encuestas independientes, el presidente de la Mesa de la Unidad Democrática tiene una oportunidad real de ganar. No obstante, la situación se complica debido a la inhabilitación por 15 años de la precandidata María Corina Machado, una de las figuras más populares de la oposición, quien ha sido excluida del proceso electoral por su presunta implicación en casos de corrupción durante el gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó.
A pesar de su prohibición para presentarse a las elecciones presidenciales, Machado ha mantenido un papel protagónico en la movilización de multitudes y ha constituido un componente central en la campaña contra el chavismo. La combinación de la fuerte presencia de Machado en la política opositora y las dificultades inherentes al contexto electoral intensifican la polarización política y el enfrentamiento entre los distintos actores. El Foro Penal ha reportado un incremento preocupante en las detenciones de opositores, con 102 arrestos durante la actual campaña electoral. La detención de la jefa de seguridad de Machado es un claro indicativo de la represión que enfrenta la oposición. La posibilidad de que González Urrutia sea descalificado en el último momento por tribunales vinculados al Gobierno de Maduro aumenta la preocupación y el riesgo de una escalada de violencia y desestabilización en el país.
La reacción del régimen chavista
Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato, ha mostrado confianza en su victoria, a pesar de las encuestas que favorecen a la oposición. En un discurso reciente, Maduro advirtió de las consecuencias de un posible cambio de gobierno, lo que se ha interpretado como una amenaza. “El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, declaró Maduro durante un mitin en La Vega, un barrio popular en el oeste de Caracas.
La represión se ha intensificado a medida que se acercan las elecciones, con el chavismo enviando señales contradictorias sobre su disposición a ceder el poder en caso de derrota. La historia reciente de Venezuela está marcada por elecciones controvertidas. En 2018, Maduro fue reelegido en un proceso que fue ampliamente criticado por la falta de garantías democráticas. La oposición, en protesta, boicoteó la votación, lo que provocó una participación de menos del 50%. La decisión del Tribunal Supremo de apartar a Machado no fue una sorpresa, dado que la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela ya había excluido a otros políticos de formaciones antichavistas.
La comunidad internacional y el clamor por la democracia
La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela, con países de América Latina exigiendo el fin del hostigamiento hacia la oposición para asegurar un entorno electoral transparente. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay han emitido una declaración conjunta en la que expresan su profunda preocupación por las condiciones en las que se está llevando a cabo el proceso electoral. En su comunicado, estos países condenan la persecución sistemática de dirigentes y simpatizantes de la oposición, así como de miembros de la sociedad civil.
La presión internacional tiene como objetivo asegurar que las elecciones sean libres de irregularidades y manipulaciones, a pesar de las altas tensiones políticas presentes. A su vez, Estados Unidos ha manifestado su disposición a flexibilizar ciertas sanciones en caso de que se levanten las inhabilitaciones contra líderes opositores como María Corina Machado. Sin embargo, la desconfianza persiste y muchos temen que el chavismo no esté dispuesto a aceptar un resultado electoral adverso, lo que podría desestabilizar aún más el país. Generalmente, el ambiente electoral está siendo criticado por no contar con observadores internacionales, y por restringir la participación de los venezolanos que viven en el extranjero.
El interés estratégico de Marruecos
La perspectiva de Marruecos respecto a las elecciones en Venezuela debe analizarse a la luz de su respaldo histórico a la oposición venezolana y su interés en fortalecer las relaciones diplomáticas con este país sudamericano. En una conversación telefónica, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, expresó el apoyo de Rabat al anterior gobierno interino de Juan Guaidó. El máximo responsable de la diplomacia marroquí subrayó el firme compromiso de Rabat con las “aspiraciones legítimas del pueblo venezolano en busca de democracia”. Guaidó, por su parte, manifestó su intención de relanzar la cooperación entre Marruecos y Venezuela con el objetivo de superar las barreras que hayan limitado el avance de las relaciones entre los dos países.
Para las autoridades marroquíes, los próximos comicios representan una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno y contrarrestar el apoyo que el chavismo ha brindado al movimiento separatista del “Polisario” respaldado por Argelia. Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Rabat y Caracas fueron interrumpidas en 1982, cuando Hugo Chávez reconoció oficialmente la autoproclamada “República Saharaui”. El reconocimiento internacional del Plan de Autonomía para el Sáhara marroquí ha sido siempre una prioridad para Marruecos. Por lo tanto, Rabat prevé que el próximo gobierno en Venezuela se sintonice con las posturas internacionales que favorecen la integridad territorial del Reino.
*Profesor de ELE y doctor en Estudios Hispánicos
