El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que pone en marcha una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una medida que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas que residen actualmente en el país vecino y que, a partir de ahora, podrán incorporarse al sistema legal, trabajar, cotizar y acceder a derechos básicos.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la decisión como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, subrayando que la iniciativa cuenta con una triple legitimidad: social, política y económica, además de haber sido respaldada por organismos institucionales y estudios técnicos, según publicó el diario El País.
El Ejecutivo español introdujo modificaciones en el texto a raíz de las recomendaciones del Consejo de Estado, endureciendo especialmente los requisitos relacionados con los antecedentes penales, que ahora serán obligatorios para todos los solicitantes. No obstante, el Gobierno asegura que facilitará los procedimientos para que los inmigrantes puedan obtener estos documentos desde sus países de origen en caso de dificultades.
La medida permitirá a los beneficiarios acceder a una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año, además de obtener número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria en el territorio donde residan. Posteriormente, podrán integrarse progresivamente en las figuras ordinarias previstas en la legislación de extranjería.
El proceso podrá iniciarse de forma telemática a partir del 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de manera presencial desde el 20 de abril.
Desde el Gobierno español se insiste en el carácter estructural de la medida, señalando que responde a una realidad social consolidada, la de cientos de miles de personas que ya viven, trabajan y forman parte del tejido cotidiano del país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió desde China la regularización como un acto de “normalización” y “justicia”, destacando el papel de más de 600.000 ciudadanos y organizaciones que impulsaron esta iniciativa a través de una iniciativa legislativa popular.
En el plano político, la aprobación ha intensificado el enfrentamiento con el Partido Popular, que ha anunciado una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la medida. El Gobierno critica el cambio de posición de los populares, que en 2024 apoyaron la iniciativa, mientras que ahora la rechazan.
Por su parte, el Partido Popular que encabeza la Oposición, argumenta que la regularización masiva puede generar un “efecto llamada”, perjudicar los servicios públicos y enviar un mensaje equivocado sobre la inmigración irregular, defendiendo en su lugar un modelo basado en criterios individualizados y vinculados al empleo.
