El Gobierno español aprobará este martes una regularización extraordinaria de personas migrantes tras un acuerdo político alcanzado entre el Ejecutivo y el partido Podemos, una medida que puede beneficiar a alrededor de 500.000 personas, entre ellas miles de ciudadanos marroquíes, africanos y latinoamericanos que residen actualmente en España en situación administrativa irregular.
Según lo anunciado por el diario El País, cercano a la Moncloa , podrán acogerse a esta regularización quienes puedan acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y demuestren haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. La iniciativa será aprobada mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros, por lo que no necesitará pasar por el Parlamento español.
Desde Podemos se ha subrayado el alcance social de la medida, que permitirá a cientos de miles de personas salir de la invisibilidad administrativa, acceder legalmente al mercado laboral y ejercer derechos básicos como la asistencia sanitaria. En el momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de expulsión por motivos administrativos o por trabajo sin permiso, y se concederá una autorización provisional de residencia y trabajo, que podrá convertirse posteriormente en un permiso ordinario.
La acreditación de la permanencia en España podrá realizarse mediante documentos como el empadronamiento, informes médicos, certificados de servicios sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros. En caso de resolución favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, renovable conforme a la normativa de extranjería.
Esta regularización retoma el espíritu de la impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició entonces a más de medio millón de personas. Desde Marruecos y otros países de origen, la medida es observada como una señal política de alivio y reconocimiento hacia comunidades migrantes que contribuyen de forma activa a la economía española, pero que hasta ahora vivían en una situación de precariedad jurídica.
La decisión llega en un contexto europeo marcado por el endurecimiento de los discursos migratorios, lo que otorga a esta iniciativa un valor simbólico y práctico para decenas de miles de familias que esperan regularizar su situación y construir un futuro estable en el país vecino.
