El Gobierno español ha presentado un nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que combina un aumento histórico de recursos con un mensaje político inequívoco: el empleo y la economía solo son sostenibles si van acompañados de derechos laborales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó con contundencia: “En nuestro país no cabe el empleo sin derechos”. La declaración, que busca reafirmar el compromiso del Ejecutivo con los trabajadores, también responde de manera indirecta a los discursos de la derecha y la ultraderecha, que suelen cuestionar el peso de la regulación laboral en la competitividad.
Más inspectores, más tecnología, más derechos
El plan contempla la incorporación de 500 nuevos inspectores y subinspectores entre 2025 y 2027, además de un refuerzo del personal técnico y administrativo. Actualmente, la Inspección cuenta con 2.482 efectivos, la cifra más alta de su historia.
La inversión en modernización supera los 28 millones de euros, destinada a herramientas tecnológicas que permitan luchar contra el fraude y vigilar las nuevas formas de empleo, desde el teletrabajo hasta las plataformas digitales.
Los resultados ya son visibles: en lo que va de año se han realizado más de 859.000 actuaciones inspectoras, detectado 46.000 falsos autónomos, recuperado 33,5 millones de euros en salarios impagados y convertido decenas de miles de contratos temporales y fijos discontinuos en indefinidos ordinarios.
Trabajo del siglo XXI con derechos del siglo XXI
El Ejecutivo subraya que la prioridad es garantizar que la transformación del mercado laboral —con fenómenos como la digitalización, la inteligencia artificial o el auge de las plataformas— no implique un retroceso en derechos. “Tenemos que acabar con las 2,8 millones de horas extras no pagadas que amargan la vida a más de 400.000 personas trabajadoras”, reclamó Díaz, quien insistió en que esas horas se transformarán en salarios recuperados y tiempo vital respetado.
Un mensaje político hacia dentro y hacia fuera
La presentación incluyó también la nueva imagen institucional de la Inspección de Trabajo, con un rediseño moderno de su identidad visual. Pero el verdadero núcleo del anuncio fue político: en palabras de Díaz, se trata de asegurar que “los empleos del siglo XXI no impliquen condiciones laborales del siglo XIX”.
Con esta estrategia, el Gobierno español proyecta hacia la comunidad internacional y, al mismo tiempo, hacia su oposición interna, un mensaje firme: la recuperación económica y la creación de empleo no son negociables si se basan en la precariedad.
