El Gobierno español dio ayer martes un paso decisivo en materia migratoria al iniciar la tramitación urgente de un real decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros del 27 de enero de 2026, busca dar una respuesta inmediata a una realidad social y económica consolidada y ofrecer a este colectivo la posibilidad de vivir y trabajar con igualdad de derechos y seguridad jurídica.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado que se trata de una decisión “largamente trabajada y dialogada”, que recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Según Saiz, la regularización se inscribe en el futuro Plan de Integración y Convivencia Intercultural y refuerza un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la cohesión social, compatible con el crecimiento económico.
El proceso se dirige a personas extranjeras que acrediten haber residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales o de riesgos para el orden público. También podrán acogerse quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa fecha, incluso si su solicitud está pendiente o ha sido denegada. La acreditación de la permanencia podrá realizarse mediante cualquier documento público o privado, o una combinación de ambos.
Quienes cumplan los requisitos accederán a una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año, que permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y en cualquier punto del territorio español. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que facilitará una integración plena y progresiva en el sistema. La admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá en un máximo de quince días, habilitará provisionalmente para trabajar mientras se completa el procedimiento, cuyo plazo total no superará los tres meses.
El Ejecutivo prevé que las solicitudes puedan presentarse a partir de principios de abril, una vez completados los trámites reglamentarios, y que el proceso permanezca abierto hasta el 30 de junio de 2026. Uno de los ejes centrales de la medida es la protección de la unidad familiar, ya que permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que se encuentren en España, con permisos de residencia de cinco años.
El texto del real decreto ya ha sido sometido a audiencia pública, abriendo un periodo de participación ciudadana previo a su aplicación definitiva. Desde el Ministerio de Inclusión se insiste en que el mecanismo diseñado es sencillo y pretende superar barreras burocráticas que han dejado fuera a cientos de miles de personas de los cauces ordinarios de regularización, reduciendo al mismo tiempo la economía sumergida y la explotación laboral.
Elma Saiz ha recordado que España ha recurrido históricamente a procesos de regularización extraordinaria desde 1986, bajo gobiernos de distintos signos políticos, cuando la realidad social ha ido por delante de la normativa. En este contexto, el Gobierno defiende que la vía reglamentaria es la más rápida y garantista para ordenar una situación existente y reforzar la convivencia, el bienestar y la estabilidad del conjunto de la sociedad española.
