El Gobierno de coalición progresista en España ha concedido cerca de 240.000 nacionalidades españolas a hijos y nietos de los exiliados republicanos que, tras la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), se vieron obligados a abandonar el país. La medida se enmarca en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, y supone un gesto de reconocimiento y reparación hacia quienes fueron despojados de su tierra y de su ciudadanía por motivos políticos e ideológicos.
Según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, desde la entrada en vigor de la ley se han tramitado 876.321 solicitudes en consulados españoles de todo el mundo. El mayor número procede de América Latina, donde se asentó gran parte del exilio republicano. Solo Argentina concentra más del 40% de las peticiones, seguida de Cuba, Brasil, México y Chile.
Exilio republicano y memoria democrática
El exilio republicano marcó a varias generaciones. Tras la victoria franquista en 1939, cientos de miles de españoles se refugiaron en América Latina y Europa. Muchos nunca pudieron regresar, y sus descendientes crecieron lejos de España, manteniendo sin embargo una fuerte vinculación cultural y emocional.
La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad española a los nietos e hijos de esas personas, así como a descendientes de mujeres que perdieron su ciudadanía al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, se trata de un acto de justicia histórica que combina reparación simbólica y derechos concretos.
“Estamos devolviendo la nacionalidad a los nietos e hijos de quienes tuvieron que salir de España por la guerra y la dictadura”, subrayó el ministro Torres durante una visita a la Oficina de Extranjería en Las Palmas (Islas Canarias).
América Latina, el corazón de las solicitudes
Más del 95% de los expedientes se han presentado en consulados de Iberoamérica y Miami, lo que confirma la magnitud del exilio republicano en la región. El Consulado General de España en La Habana concentra más del 12% de las solicitudes, mientras que Brasil, México y Chile representan conjuntamente alrededor del 25%.
Este dato no solo refleja la huella de aquel exilio en América Latina, sino también el vínculo histórico entre España y la región. Para miles de familias, la concesión de la nacionalidad significa recuperar una parte de su identidad y estrechar la relación con el país de sus abuelos y bisabuelos.
Justicia y reconciliación
La decisión del Gobierno español no es únicamente un trámite administrativo, sino un gesto humano que conecta con la memoria democrática: reconocer a quienes fueron expulsados por la intolerancia y la represión.
El plazo de solicitudes, inicialmente de dos años, fue prorrogado un año más y finaliza el próximo 24 de octubre de 2025. Hasta entonces, se espera que decenas de miles de descendientes más puedan acceder a este derecho.
