Una operación conjunta entre la Guardia Civil española y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido la liberación de 18 personas extranjeras que eran explotadas laboralmente en dos fábricas clandestinas de tabaco falsificado, en las provincias de Málaga y Córdoba. Las víctimas, procedentes de países asiáticos y del este de Europa, vivían hacinadas, sin salario ni descanso, y bajo el pretexto de una falsa deuda con la organización criminal que las retenía.
Según las autoridades, se trataba de una red altamente estructurada dedicada al contrabando de tabaco, con capacidad para producir hasta 8 millones de cigarrillos diarios, lo que suponía un fraude fiscal estimado en más de 2 millones de euros al día. En total, han sido detenidas 21 personas, acusadas de delitos de trata de seres humanos, contrabando, fraude fiscal, explotación laboral y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros, se incautaron materiales de fabricación por un valor superior a 3 millones de euros. Las investigaciones revelan que las víctimas eran captadas con promesas laborales engañosas y, una vez en España, quedaban completamente aisladas y sometidas a condiciones de semi-esclavitud.
Este caso pone de relieve los vínculos entre el crimen organizado transnacional, el contrabando industrial y la trata de personas, un fenómeno que sigue afectando a migrantes vulnerables en territorio europeo.
