El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado medidas firmes contra las empresas que operan en los territorios palestinos ocupados y se benefician económicamente de la ocupación israelí, apoyándose en el último informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, presentado en el acto “Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina”, celebrado en la Casa Árabe de Madrid.
Bustinduy ha señalado directamente a las compañías mencionadas en el informe, acusándolas de formar parte del entramado económico que sustenta el apartheid y el genocidio. “Basta de impunidad para quienes se lucran con la ocupación”, afirmó. Recordó también que desde el Ministerio de Consumo se han enviado cartas a empresas españolas instándolas a cesar sus actividades en zonas ocupadas, y pidió a la CEOE que intervenga ante posibles casos de complicidad empresarial.
Durante el acto, que contó con la vicepresidenta Yolanda Díaz, se defendió un embargo efectivo de armas a Israel, la ruptura del acuerdo comercial entre la UE e Israel, y el refuerzo de una agenda política internacional que garantice el cumplimiento del derecho internacional. Díaz calificó los hechos en Palestina como “genocidio y exterminio” y subrayó el papel activo de España junto a países como Sudáfrica y Colombia en el grupo de La Haya.
Bustinduy anunció además una nueva contribución de 925.000 euros del Gobierno español a la UNRWA, destinada a atender a personas palestinas con discapacidad, en el marco del impacto humanitario del conflicto. Dos mesas redondas abordaron la situación de las personas con discapacidad en Gaza y el papel de la economía en el sostenimiento del colonialismo, con la participación de activistas, expertos de Naciones Unidas y académicos.
