El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió este lunes en Bruselas que la Unión Europea no se aleje del “equilibrio entre responsabilidad y solidaridad” que permitió aprobar el Pacto Migratorio europeo en diciembre de 2023. Su mensaje, directo y crítico, supone un aviso claro de que España no respaldará el nuevo enfoque más estricto con el que varios gobiernos europeos quieren redefinir la política de asilo y retorno.
Durante el Consejo de Ministros de Interior de la UE, el ministro anunció la abstención de España en la votación del Fondo de Solidaridad, denunciando que algunos Estados pretenden “convertir el contingente de solidaridad en un regateo de cifras”, reduciendo las cuotas de acogida y endureciendo condiciones en el sistema de asilo. Marlaska defendió que el mecanismo debe servir para ayudar a los países bajo mayor presión migratoria —como Italia, Grecia o España— y no para “limitar su alcance con fines políticos internos”.
España rechaza la externalización del asilo
La posición española se distanció aún más de la propuesta de “tercer país seguro”, un mecanismo que permitiría a los gobiernos europeos enviar solicitantes de asilo a Estados externos para tramitar allí sus demandas. Marlaska advirtió que esta fórmula “rompe” el pacto incluso antes de ponerse en marcha, además de plantear “serias dudas jurídicas” sobre el respeto a los derechos de las personas que buscan protección internacional.
En paralelo, alertó de que imponer estos acuerdos unilaterales podría dañar las relaciones con países socios clave en el control de rutas migratorias, principalmente en el norte de África, el Sahel y la región atlántica.
Retorno sí, pero con reglas comunes
España, no obstante, defendió un sistema europeo más eficiente de retorno para quienes no tienen derecho a permanecer, pero reclamó que se realice bajo normas homogéneas y sin improvisaciones nacionales. Para ello, propuso un “sistema europeo común de retorno”, similar al que ya existe en fronteras y asilo, en lugar de centros de detención en terceros países, que —según indicó— implican riesgos políticos y económicos para la UE.
Una señal política en un momento de giro europeo
La postura de Madrid llega mientras varios gobiernos han endurecido su agenda migratoria, bajo presión de partidos de extrema derecha, y buscan reinterpretar el pacto aprobado en 2023 hacia una política más restrictiva. Con su abstención y su rechazo a la externalización de las solicitudes de asilo, España envía una señal de que no avalará este giro de Europa:l. Madrid defiende la cooperación con el sur, pero sin sacrificar derechos fundamentales ni la integridad del pacto migratorio.
