El Gobierno español ha expresado su rechazo a la propuesta debatida en la Unión Europea de crear centros de internamiento de inmigrantes en terceros países, especialmente en el Magreb o en África, al considerar que esta medida podría tener consecuencias negativas para la cooperación bilateral con los países vecinos.
Durante el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea celebrado en Bruselas, el ministro del Interior del Gobierno español, Fernando Grande-Marlaska, mostró “cautela” ante la idea de establecer estos centros fuera del territorio europeo. Según explicó, la iniciativa carece de una base jurídica clara y su eficacia, así como su relación coste-beneficio, no han sido demostradas.
El ministro subrayó además que España se opone especialmente a que estos proyectos se prueben en países de su vecindad, en referencia a los países del norte de África. “Estamos especialmente en contra de que se prueben en países de nuestra vecindad, por el impacto negativo que podría tener en la cooperación bilateral de España”, afirmó.
Grande-Marlaska defendió en cambio reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración, así como impulsar políticas de retorno voluntario y readmisión, junto con el fortalecimiento de las capacidades de gestión migratoria en esos países.
El responsable español de Interior también pidió a los socios europeos incrementar la financiación destinada a la política de retornos, al tiempo que abogó por avanzar hacia un sistema europeo de retorno verdaderamente común, que permita reducir los movimientos secundarios de inmigrantes dentro de la Unión Europea.
En paralelo, el ministro insistió en la necesidad de reforzar la prevención y la cooperación internacional para combatir a las redes de tráfico de personas, proponiendo extender el llamado Pacto Mediterráneo a países de África occidental como Mauritania y Senegal, ante la creciente conexión entre las rutas migratorias del Atlántico y del Mediterráneo.
