El Gobierno español expresó este jueves su firme rechazo a la propuesta europea de crear centros de retorno de inmigrantes en terceros países, al considerar que plantea serias dudas sobre su legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Durante el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a sus homólogos la oposición de España al nuevo reglamento de retorno que actualmente debate la UE.
El ministro criticó especialmente la ampliación de los periodos de internamiento de personas en situación administrativa irregular, que podrían alcanzar hasta 24 meses con posibles prórrogas adicionales. Según explicó, esta medida rompe con el principio de que la privación de libertad debe ser un recurso excepcional y de última instancia.
“¿Vamos a permitir que personas en una situación administrativa irregular estén privadas de libertad más tiempo que criminales condenados por delitos graves?”, se preguntó Grande-Marlaska durante la reunión. “Para España es inaceptable y para la Unión Europea de los derechos y las libertades también debería serlo”, añadió.
El titular de Interior español mostró además su preocupación por la creación de centros de retorno en países ajenos a la Unión Europea mediante acuerdos no vinculantes y sin suficientes garantías jurídicas. En este sentido, advirtió de que incluso familias con menores podrían ser trasladadas a países con los que no mantienen ningún vínculo.
El español Grande-Marlaska defendió el modelo de cooperación bilateral que impulsa España con los países de origen y tránsito de la migración irregular, subrayando que esta estrategia está ofreciendo resultados positivos. Como ejemplo, recordó que las llegadas irregulares a Canarias se han reducido en más de un 60 % gracias a la colaboración con los países socios.
El Consejo de Ministros de Interior de la UE también abordó la prórroga de la protección temporal para los ciudadanos desplazados de Ucrania y la nueva estrategia europea de lucha contra las drogas.
