La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha asestado un duro golpe a las políticas de la derecha y la ultraderecha al condenar por prevaricación a la exdelegada del Gobierno español, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí, Mabel Deu, por la repatriación ilegal de 55 menores migrantes marroquíes en agosto de 2021.
Las exautoridades han recibido una condena de nueve años de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público, al considerar la Justicia que vulneraron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El tribunal también decretó la pérdida del honor de los cargos que ambas ostentaban, una reivindicación planteada por el fiscal y por varias organizaciones sociales, según Cadena SER.
El fallo judicial contradice frontalmente el discurso de la derecha española, que durante años ha defendido las expulsiones rápidas de menores migrantes como supuesta solución a la presión migratoria. El Partido Popular, y sectores de la ultraderecha como Vox, han utilizado el caso de Ceuta como bandera política.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), salió en defensa de las condenadas y aseguró haber conocido y compartido las decisiones adoptadas en 2021, convencido —dijo— de que se actuaba “al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor”. Sin embargo, la Justicia ha desmontado este argumento, señalando que las repatriaciones vulneraron derechos fundamentales.
El caso supone una victoria para las organizaciones de derechos humanos que desde 2021 denunciaron la ilegalidad de aquellas expulsiones masivas. La sentencia marca un precedente al reafirmar que los menores migrantes no pueden ser tratados como adultos ni ser devueltos sin garantías jurídicas.
Con este fallo, los tribunales ponen un freno a las políticas de exclusión defendidas por la derecha y la ultraderecha, enviando un mensaje claro: la gestión migratoria debe respetar siempre la legalidad internacional y los derechos humanos.
