Las fuerzas de seguridad españolas liberaron a 27 mujeres latinoamericanas víctimas de explotación sexual en la isla de Tenerife, en el archipiélago de Canarias, tras desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos. La operación fue llevada a cabo por la Policía de España en coordinación con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española y se saldó con la detención de 14 personas, incluidos los dos presuntos líderes de la red.
La investigación se inició en julio de 2024 a raíz de una denuncia recibida por el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. Según las pesquisas, la organización controlaba cuatro clubes de alterne situados en el sur de la isla de Tenerife, donde las víctimas eran obligadas a prostituirse.
De acuerdo con la información policial, los responsables del entramado realizaban viajes periódicos a distintos países de América Latina para captar a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad mediante engaños y falsas ofertas de empleo. A su llegada a España, las víctimas contraían una deuda que podía alcanzar los 3.000 euros, que debían saldar mediante la prestación de servicios sexuales.
Las mujeres eran alojadas en inmuebles de la isla en condiciones precarias y sometidas a estrictos mecanismos de control. Muchas de ellas habían sido reclutadas bajo la promesa de trabajar como bailarinas, pero al incorporarse a los locales eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas. La investigación también apunta al consumo forzado de drogas y a la comisión de estafas a clientes, con fraudes que superarían los 70.000 euros.
Durante la operación, los agentes constataron asimismo la presencia de menores de edad entre las víctimas, localizando en uno de los clubes a una menor de 16 años con documentación falsificada. En la fase final se realizaron registros en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría, donde se intervinieron 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, relojes de lujo, joyas y abundante documentación.
Las autoridades españolas consideran que los beneficios obtenidos permitieron a los integrantes de la red acumular un importante patrimonio inmobiliario y grandes cantidades de dinero.
