La decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones contra magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto un nuevo frente diplomático con España. Mientras Washington endurece sus medidas, el Gobierno español expresó su rechazo y reiteró su pleno respaldo al tribunal con sede en La Haya.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España señaló que “lamenta profundamente el anuncio de nuevas sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional; en esta ocasión, contra dos magistrados y dos fiscales”. España manifestó asimismo “su más firme apoyo” a la CPI, recordando que su mandato emana de los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, y subrayó que seguirá cumpliendo sus obligaciones internacionales en defensa de la independencia de la justicia internacional.
Las medidas anunciadas por Washington afectan a la jueza canadiense Kimberly Prost, al magistrado francés Nicolas Guillou, y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal). Según detalló el secretario de Estado, Marco Rubio, todos ellos están implicados en investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, que involucran a fuerzas estadounidenses y a dirigentes israelíes.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos de ese país. Washington argumenta que la CPI actúa de manera politizada y supone “una amenaza para la soberanía y la seguridad nacional” de Estados Unidos y su aliado Israel.
España, en cambio, reafirmó que la labor de la CPI es “esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas”. Además, expresó su solidaridad con los jueces y fiscales afectados, insistiendo en que este tipo de acciones ponen en entredicho la independencia judicial de la Corte.
Con este episodio, la Administración Trump acumula ya tres rondas de sanciones contra la CPI en lo que va de 2025, aumentando la presión sobre un tribunal que, pese a no ser reconocido por potencias como Estados Unidos, Rusia, China o Israel, mantiene investigaciones abiertas en algunos de los conflictos más sangrientos de la actualidad.
